En la Ciudad hay, en promedio, dos piquetes por día . Con un tránsito cada vez más frenético, los cortes se convirtieron en un obstáculo permanente para la circulación. Ante el comprobado fracaso de las distintas autoridades para evitarlos, la Legislatura porteña sancionó ahora una ley para que el Ejecutivo reordene el tránsito cuando haya cortes, especialmente en las calles y avenidas donde suelen repetirse.

Por eso, en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad confirmaron que van a presentar los planes de ordenamiento del tránsito dentro del plazo que dispone la ley, que son 180 días.

Ante la falta de respuestas a un problema que se repite y padecen a diario los porteños y quienes ingresan a la Ciudad, la idea es, en primer lugar, definir por qué calles se deben desviar los colectivos cuando hay piquetes o cierres de cuadras por obras en la calzada.

De esta forma, los pasajeros sabrán de antemano en qué otra calle tomar el colectivo. Estos desvíos deberán estar señalizados, para que también los autos particulares tengan claro por qué otro circuito tomar.

Además, si el corte se produjera por una obra, quien esté abriendo la calle deberá colocar carteles al menos 300 metros antes, para que la gente sepa con anticipación que deberá desviarse. En todos los casos, el Gobierno porteño deberá realizar los operativos de reordenamiento con policías o agentes del cuerpo de Control de Tránsito.

El proyecto fue presentado por Claudio Palmeyro, del bloque Peronismo Sindical y presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, pero fue acompañado por otros bloques, incluso por los legisladores de PRO.

El poder Ejecutivo será el encargado de definir en qué lugares armará los Planes de Contingencia Vial, con la cartelería que anuncie los desvíos. Pero la Legislatura ya le definió algunas zonas puntuales, aquellas donde habitualmente hay manifestaciones, como la puerta del Ministerio de Trabajo, la sede del Gobierno porteño, el Congreso o distintos sectores de la 9 de Julio (ver Los puntos...).

Hasta ahora, la policía y los agentes de tránsito intentan ordenar a vehículos particulares y al transporte público cuando hay cortes, aunque en muchas ocasiones sólo se limitan a ubicarse en la zona del piquete y no en las cuadras anteriores, por lo que el tránsito se embotella igual. Entonces, nadie sabe por dónde ir ni tampoco qué recorrido improvisado harán los colectivos para zafar de la congestión. Además, funcionan carteles inteligentes, como los de la 9 de Julio y la avenida San Juan, que avisan cuando hay interrupciones. Y en la página http://movilidad.buenosaires.gob.ar/mapa-corte-calles/se puede consultar el estado del tránsito. Este sistema también funciona en dispositivos móviles. Aunque no está determinado todavía, se supone que estos, y otros medios adicionales, se utilizarán para informar sobre los planes de contingencia estables (previstos para los lugares donde los cortes son habituales) y también para los que se produzcan de forma sorpresiva.

La necesidad de mitigar el impacto negativo de los cortes es una muestra de la falta de éxito de las autoridades a la hora de controlar los piquetes. Por el lado del Gobierno nacional, la postura fue la de no “criminalizar la protesta” y tolerar las piquetes en la Ciudad. Salvo que se tratara de manifestaciones en su contra, cuando sí actuó: por ejemplo, con los Qom, desalojados por la policía de la 9 de Julio.

Por otra parte, el Gobierno porteño siempre insistió en que el control de los piquetes era una responsabilidad de la Federal, pero en las autopistas porteñas no se permiten las manifestaciones desde abril, cuando tras un acuerdo con la Nación, la Policía Metropolitana tomó a su cargo las autopistas Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, 9 de Julio Sur, Dellepiane y Cámpora, para lo cual dispuso de una dotación de 70 hombres y motos.

La Justicia Contravencional porteña asegura que no cuenta con la suficiente colaboración policial para lograr que los manifestantes dejen, por lo menos, algunos carriles libres en las calles que cortan, o bien para filmar a los organizadores y así recoger pruebas que permitan comenzar un juicio contravencional. El artículo N° 78 del Código de Contravenciones estipula uno a cinco días de trabajos de utilidad pública más $ 200 a $ 1.000 de multa para quien corte el tránsito sin avisarle al Ejecutivo porteño.