La titular de un jardín de infantes de San Rafael deberá indemnizar con 33.218 pesos a una maestra, tras no pagarle su salario correspondiente durante dos años y despedirla injustificadamente cuando había quedado embarazada.

Yamila Inés Toro comenzó a trabajar en "Pato Garabato" en abril del 2007, educando a niños en salita de 2, 3 y 4 años de edad. Sin embargo, la directora de la entidad, Elisabeth Bittar, nunca la categorizó como auxiliar especializado, por ende, no le pagaba el sueldo correspondiente por ley.

Todo empeoró al inicio de 2011, cuando la maestra jardinera pasó sorpresivamente a trabajar media jornada, lo que repercutió aún más en su remuneración salarial. En febrero de ese mismo año, la educadora le comunicó a su jefa que estaba embarazada, teniendo como fecha de parto para julio.

Dos meses más tarde, comenzó un ida y vuelta de telegramas entre ambas partes ya que Toro se consideraba despedida, por lo solicitaba el pago de las diferencias salariales de los últimos dos años, incluyendo algunos ítems adeudados como las vacaciones. También solicitaba la indemnización correspondiente por despido sin justa causa.

Sin embargo, la titular de la entidad educativa negó esto y comenzó el tironeo con la demandante. Bittar explicaba que mantuvo una reunión con los padres de los alumnos del jardín, los cuales se habrían quejado por descuidos y maltrato de la maestra hacia los niños, amenazando con cambiarlos de establecimiento si continuaba en su cargo.

La titular de Pato Garabato planteó incluso que Toro había comenzado a trabajar en el lugar en marzo de 2009, y no en el 2007.

La causa recayó en la Sala Unipersonal 2 de San Rafael, a cargo de Jorge Roberto Panebianco.

Mediante varios testimonios, en su mayoría de parte de los padres de los niños, se comprobó que Toro trabajaba en el lugar efectivamente desde el 2007. Esto quedó ratificado por una prueba informativa de la AFIP, donde constaba que la maestra había percibido aportes hasta ese año de un trabajo anterior y que recién en enero de 2010 lo hizo en el jardín, cuando Bittar se registró como empleadora.

Es decir, el magistrado logró comprobar que la educadora había comenzado a trabajar en el 2007, aunque no se encontraba correctamente regularizada su situación laboral.

No se logró comprobar la presunta disconformidad de los padres para con la maestra por maltratos hacia los niños. Al contrario, varios testigos señalaron que los pequeños tenían una excelente relación con la docente Toro.

En contraparte, los padres señalaron que la titular del establecimiento tenía "actitudes discriminatorias porque hacía muchas diferencias con los chicos y tenía una elite de padres", además de un "trato chocante con las docentes, no era un trato cordial".

De hecho, no se invitó a la maestra Toro a participara de la reunión para argumentar en su defensa ante las presuntas críticas de algunos padres, por lo cual no es un justificativo para el despido.

Es por esto que el juez en primera instancia falló a favor de la docente, la que deberá percibir una indemnización de 33.218 pesos.