La querella de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, representada por el abogado Juan Manuel Sivila, alegó por la causa acumulada “Luis Aredez y otros”, en el debate que encabeza el Tribunal Oral Federal en lo criminal. Luego fue la abogada María José Castillo por la misma causa acompañada por la querella de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) representada por Oscar Rodríguez, en el marco del primer juicio de lesa humanidad que se está desarrollando en Jujuy. Esta causa tiene un solo imputado Antonio Orlando Vargas, ex Director del Servicio Penitenciario de Gorriti.

La exposición de Sivila, extensa, y con un fuerte impulso y compromiso con los hijos, familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado en la búsqueda de justicia.

El alegato estuvo dividido en varias partes donde desarrollo los hechos de las cinco víctimas: Luis Aredez, Ramón Bueno, Claudio Gainza, Carlos Mellian y Antonio Filliu, tras las detenciones ilegales que padecieron antes y después del Golpe de Estado de 1976 en Libertador General San Martín, y luego alojados en el Penal de Gorriti y posterior traslado a la Unidad Penal 9 de La Plata, padeciendo tratos inhumanos, tormentos.

En su presentación el querellante destaco la dificultad y las limitaciones en esta causa, ya que este juicio oral se elevo fragmentado, debido a la impunidad que hubo en el poder judicial calificando como “maraña judicial”. Este juicio habilita la reparación histórica y la construcción de la memoria colectiva.

En la lectura de su alegato y en la descripción histórica analizo la relación del poder económico, político y eclesiástico que se dio en la dictadura. Destaco el contexto de la metodología implementada de la represión en Jujuy, como fue en El Aguilar y en Ledesma.

La querella solicito que se condene a Antonio Vargas a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlo coautor mediato y penal responsable de los delitos de privación ilegitima de la libertad reiterada, doblemente agravada por el empleo de violencia en perjuicio de Aredez, Bueno, Filliu, Gainza y Carlos Mellian. También coautor de imposición de tormentos reiterados agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y considerarlo autor directo penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada, y calificándose como delitos de lesa humanidad perpetrado para cometer el delito internacional de genocidio. Solicito que la pena sea cumplida en cárcel común.

Además, los relatos sobre las prácticas sistemáticas de abusos sexuales solicitó que esas actas de debate sean remitidas al Juzgado de Instrucción.