La zona metropolitana se está transformando rápidamente debido a la precariedad en la que vive gran parte de la población por falta no solamente de trabajo sino también de una política habitacional adecuada. Esto provoca que se deba tener una mirada distinta sobre situaciones como las de la ex Amarilla gas.

Según un estudio realizado por el mismo Centro, los datos actualizados del Programa Provincial Territorio Urbano 2009, en el Gran Resistencia (GR), existen 228 asentamientos habitados por 150.000 personas, lo que significa que son “aproximadamente el 39% de la población total del área”. Mientras que el censo 2010 arrojó que en la misma área viven 386.000 personas de las cualas el número de asentados sería de 169.000 personas.

Núñez dijo que en comparación con la cantidad de personas que viven en asentamientos, el Gran Resistencia tiene 157.000 asentados más que la Caba de la Capital Federal.

“La cantidad de personas que habitan en precarias condiciones de viviendas y de desarrollo urbano son prácticamente iguales, nada más que la Caba tiene una población que supera a la nuestra en 2.500.000 personas”, dio a conocer al respecto.

La comparación que realizó le sirvió para referirse al tema de la toma reciente, puesto que esto denota un grave problema habitacional existente en el Gran Resistencia, por eso reiteró: “No tenemos que tomar el concepto tradicional de usurpación, porque esto tiene que ver con una estructura mucho más grave, que es la falta de viviendas”.

A eso le sumó incluso que el hecho de que quienes tomaron el predio no cuentan con trabajo ni cobertura social, no encajan con el perfil necesario para ser adjudicatarios de una vivienda entregada por el Fonabi, lo que complica aun más su situación.

No al desalojo

Por otro lado, el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela se refirió a la posibilidad de que se produzca un posible desalojo en el predio, ya que considera que se debe llegar a una solución alternativa.

“Lo que tiene que hacer la fiscal es llevar este caso en el marco de la mediación penal, porque es donde se tiene que encausar la solución de este problema”, opinó puesto que quien esté a cargo de caso, “debe tener una dicción bien amplia del tema, que por supuesto abarca cuestiones sociales y habitacionales”.