Por: Fernando GonzalezSi el comienzo del gran deterioro de la seguridad en la Argentina puede ubicarse a mediados de los ‘90 también puede decirse que, desde entonces, las respuestas de la dirigencia política han sido siempre espasmódicas. El crimen de José Luis Cabezas en 1997 y el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004 fueron dos de los muchos disparadores que tuvo esa materia pendiente del Estado democrático para volver a ser debatida pero nunca para encontrar la luz de este túnel sin salida.
Los crímenes cometidos por menores en las últimas semanas conmovieron a la sociedad y la discusión sobre si hay que bajar la edad de los imputados retomó el centro de la escena en un año electoral. El Congreso nunca terminó el tratamiento de la ley aprobada por el Senado (que bajaba a 14 años la edad de imputación) y ahora se encuentra de vacaciones. Y encima afloran las diferencias entre los legisladores de la oposición, aún entre los del mismo partido.
Por eso aprovecha la Presidenta para patear un día la pelota hacia un Parlamento dividido y culpar al otro día a los jueces que no actúan. El resultado es previsible: lo más probable es que el 2011 termine también sin definiciones y que la lista de muertos por el delito siga extendiéndose hacia todos los sectores sociales.
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