Acusando a la oposición de buscar “confundir” a la ciudadanía, el diputado del Frente para la Victoria Alexis Quintana defendió la modificación a la Ley orgánica de la Fiscalía de Estado sancionada ayer al mediodía por la Cámara de Diputados.

Sostuvo que su objeto es jerarquizar a su personal letrado y administrativo y resaltó que “el rol del fiscal de Estado finaliza de manera simultánea al del gobernador que lo ha designado”. Quintana es el autor de la iniciativa aprobada ayer que se ganó el rechazo de la Asociación de Abogados y de la CTA.

El legislador sostuvo que “esta modificación se realiza para ratificar el espíritu que siempre tuvo la Ley en lo respecta al rol del fiscal de Estado, cuyo mandato finaliza de manera simultánea al del gobernador que lo ha designado”, reiterando luego que “lo que se hizo fue incluir –de manera textual – el artículo 125 de la Constitución Provincial, que establece que el fiscal de Estado cesa en su cargo cuando termina el mandato del gobernador de la provincia”.

 Además, explicó que “también lo que hicimos fue crear un cuerpo de abogados que trabaja sobre todas las causas que lleva la Fiscalía, buscando que tengan la misma estabilidad laboral que tiene cualquier empleado público”, agregando luego que “hay dos cargos de funcionarios superiores – fiscal de Estado y fiscal Adjunto – que en ningún lugar de esta normativa establecimos que son cargos vitalicios”, insistió.Finalmente, Quintana recordó que “este proyecto de Ley estuvo un año en comisiones de trabajo de Legislación General y Asuntos Constitucionales, para que los diputados de las bancadas que integran este parlamento puedan plantear cualquier tipo de duda o consulta que tuvieran al respecto, cosa que no hicieron, como tampoco presentaron un despacho de Minoría”, considerando luego que “es lamentable que, una vez más, el radicalismo que conduce Eduardo Costa en Santa Cruz sólo quiera confundir a la opinión pública tratando de generar suspicacias y mantos de sospechas, cuando sólo se está beneficiando a trabajadores del Estado”. Cabe destacar que en la actualidad el fiscal de Estado, como el adjunto, al cumplir este rol, tiene las mismas inhabilitaciones que cualquier abogado del Poder Judicial para ejercer su profesión de manera privada. 

La oposición

La medida fue muy cuestionada por la oposición que votó en contra y habló en el recinto. Estela Maris Bubola sostuvo que “este equipo que se pretende premiar con estabilidad laboral y un suculento aumento de sueldo es el mismo que jamás investigó ningún caso de corrupción, ni defendió a los ciudadanos ante las innumerables denuncias y hechos de corrupción que se produjeron en Santa Cruz en los últimos años”. 

Como ejemplo la legisladora remarcó que estos funcionarios no tomaron ninguna acción para defender los intereses de la provincia y lograr el cobro de los 3 mil millones de dólares de pasivo ambiental que la empresa Repsol dejó en Santa Cruz, no hicieron nada cuando ellos denunciaron, con sobradas pruebas, que el gobernador de la provincia gastó fondos públicos para comprar vino. Sostuvo que tampoco hicieron nada cuando el ex ministro de Economía Diego Robles gastó miles de pesos para comprar corbatas y chocolates, ni cuando se denunció el cobro de sobreprecios en la obra pública.Para la vicepresidenta radical este es “un nuevo intento del Frente para la Victoria por entorpecer un futuro gobierno de Eduardo Costa y busca garantizar impunidad”, porque “no quieren que se sepan los negocios que tienen con la obra pública, con los nombramientos en el Estado y con las empresas que prestan servicios. Están desesperados y tratan de frenar esos cambios y esas investigaciones”.