Darío Aranda parece un bicho raro en épocas de polarización política e informativa. Como periodista de Página/12, en los últimos tiempos ha sufrido la reducción de espacios en ese medio periodístico. Sin embargo, su trabajo especializado en poblaciones indígenas y campesinas encuentra luz verde en el periódico Mu, de la Cooperativa La Vaca. Allí, Aranda despliega el avance del denominado modelo extractivo y las represiones que padecen las poblaciones que se resisten a perder sus territorios.

"Han existido mejoras económicas concretas, incluso en los barrios más emprobrecidos", indicó sobre los años del kirchnerismo. En ese contexto, el periodista sostuvo que la conflictividad social se trasladó de los centros urbanos a las áreas rurales del interior del país, donde industrias como la minería a cielo abierto o el cultivo de soja encuentran una fuerte resistencia, habitualmente silenciada por los grandes medios de comunicación.

Invitado por el Movimiento Independiente de Agronomía (MIA), Aranda disertó el jueves de la semana pasada en la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

PETRÓLEO

Aranda indicó que existe un "corrimiento" de la frontera petrolera, una realidad "que no avanza sobre Palermo y Recoleta, sino que avanza sobre poblaciones campesinas e indígenas". Habló del noroeste y de la cuenca neuquina, donde se vulneran los derechos de los pueblos originarios que figuran en las constituciones nacional y provinciales, además de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas redactada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). El invitado puntualizó que "muchas veces cuando se toca la rentabilidad de las empresas se habla de la seguridad jurídica, pero estaría bueno que en algún momento hablemos de la seguridad jurídica de las comunidades indígenas".

"Hace muy poco se aprobó la estatización de YPF. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque no de la manera en que después se desarrolló. El relanzamiento implica duplicar este corrimiento de la frontera sobre todas las cuencas", expresó el periodista.

Aranda se refirió también al modo no convencional de explotación petrolera, conocido como fracking o fractura hidráulica. Al respecto, se refirió al emprendimiento conocido como Vaca Muerta, en Neuquen: "Las reservas se están agotando y aparece una técnica, donde se hacen perforaciones verticales y horizontales con agua a presión y químicos, y se rompen las rocas para extraer petróleo y gas. Lo no dicho por los funcionarios y los medios de comunicación sobre este método es la contaminación del agua subterránea, la contaminación de agua y tierra superficial y el agotamiento de fuentes de agua. El método está prohibido en estados de Canadá, Suiza, Sudáfrica y Australia, y en Francia y Bulgaria está totalmente prohibido. En Argentina hay 45 pozos perforados. Incluso se está avanzando en lugares insólitos como Entre Ríos, Corrientes y Chaco".

ÁRBOLES

Otra de las expresiones del modelo extractivo es el monocultivo de árboles, una industria que implica "arrasar el territorio en detrimento del monte nativo, para remplazarlo por árboles que son como un ejército por lo verde, prolijo y en fila, pero ahí no hay biodiversidad".

En términos numéricos, en 1999 se extrajeron 4,7 millones de toneladas de madera de bosque implantado, tal el eufemismo empleado. Para 2006, esa cantidad se duplicó. Según Aranda, la provincia de Misiones es el paradigma de esta industria: "La provincia concentra el 60 por ciento de esta actividad. Cuenta con tres plantas de celulosa, Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero. Papelera Alto Paraná, una multinacional originalmente de capitales chilenos, es propietaria del 10 por ciento de la provincia. Una sola empresa tiene el 10 por ciento de una provincia, en ese caso equivalente a 233.000 hectáreas. En Misiones se da la concentración de tierras en pocas manos. Sólo 161 explotaciones agropecuarias (0,6 por ciento del total), concentran el 44 por ciento de la tierra".

La industria del monocultivo fue facilitada por el marco legal sancionado durante el menemismo, aunque prorrogado en la última década. De acuerdo a lo expresado por Aranda, la ley 25.080 "subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuestos inmobiliarios por las tierras y están exentas de ingresos brutos, cuentan con devolución de IVA y tienen estabilidad fiscal por 30 años". La norma venció en 2009, pero el Congreso de la Nación la extendió por otros 10 años.

MINERÍA

Como en otras actividades extractivas, el entramado jurídico que posibilita el avance de la minería a cielo abierto fue aprobado durante la década del 90, especialmente a través de las leyes de inversiones minera y el acuerdo federal minero.

"Dejando de lado todos los aspectos ambientales y sociales, si el propio Estado quisiera explotar sus recursos naturales, la ley se lo prohíbe, es decir, el propio Estado se prohibió a sí mismo. Siempre necesita de una empresa. Las empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal por 30 años, y tienen un tope de 3 por ciento de regalías a las provincias, que se calcula según las declaraciones juradas de las propias empresas. Cuando la Barrick Gold, en San Juan, le dice al gobernador Gioja que ganó 100 dólares, Gioja y el gobierno nacional le creen", explicó.

Datos oficiales de la Secretaría de Minería de Nación exponen que la actividad creció un 664 por ciento entre 2003 y 2010. El invitado detalló que "en ese período se pusieron en marcha ocho grandes proyectos".

Aranda habló de "la Argentina perforada" para nombrar el paso de 40 proyectos en estudios registrados en 2003 a 600 proyectos en 2011.

"Cuando llegan las mineras prometen muchas cosas. Minera Alumbrera hace 16 años que se explota en Catamarca. Las promesas iniciales incluían un barrio para 5 mil personas, un hospital de alta complejidad, escuelas, cuidado del ambiente y 6 mil puestos de trabajo. En la actualidad, reconocido por el ex intendente prominero Perea, sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en la minera. Reconocido por la empresa, se dieron filtraciones del dique de cola donde van todos los desechos, y según un informe de Gendarmería Nacional, una institución que no creo que sea muy ambientalista, existe contaminación de los canales. También se registran drenajes ácidos, una contaminación grave que puede viajar varios kilómetros de distancias aguas abajo", expuso.

SOJA

En este punto, Aranda especificó que en la actualidad la superficie sembrada con esa semilla abarca el 56 por ciento de la tierra cultivada del país, a partir del proceso iniciado en la década del 90 cuando el entonces ministro de Agricultura, Felipe Solá, autorizó el ingreso de soja RR (transgénica), sustentada a base de glifosato.

"Siete grandes empresas manejan el 85 por ciento de lo exportado, que son los grandes ganadores del modelo. Cuando ocurrió lo de la resolución 125 se dejó pasar una buena oportunidad de enfocar a los grandes ganadores de este modelo. Obviamente no estoy defendiendo a los pooles de siembra, no me saquen de contexto como hacen los periodistas", ironizó.

Los datos menos difundidos del modelo agropecuario hablan de unas 200 mil familias expulsadas del campo y, según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación, en cuatro años se desmontaron a razón de 32 canchas de fútbol por hora a los fines de extender la frontera productiva.

Además de los efectos ambientales y sanitarios por la utilización de agrotóxicos, la producción agropecuaria actual derivó en una acentuada concentración de la tierra. Al respecto, Aranda indicó que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias en Argentina maneja el 50 por ciento de la tierra, según datos proporcionados por el Instituto Nación de Tecnología Agropecuaria (INTA). "En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés. Donde muy poquitos tienen casi todo, y todos no tienen casi nada", planteó.

COMUNICACIÓN

Aunque muy diferentes en varios otros aspectos, Aranda consideró que en cuanto al modelo extractivo "el kirchnerismo es la profundización del menemismo". Dijo, además, que la presión sobre poblaciones campesinas conlleva represión, y puso como ejemplo los 250 procesados mapuches que existen en la provincia de Neuquen por oponerse al avance de la frontera petrolera.

El periodista explicó que la represión se divide entre los Estados provinciales y patotas privadas, en una "tercerización" de la violencia.

En cuanto a los medios de comunicación en general, y al diario Página/12 en particular, Aranda opinó que "hay diferentes varas en cómo se consideran las distintas represiones". En tal sentido, reflexionó sobre la escasa difusión que tuvieron los asesinatos por represiones que en los últimos años tuvieron lugar en diferentes provincias.

"Hay un periodismo cómplice en cuanto a los asesinatos del campo profundo. Para la agencia TELAM, el asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero fue "la muerte de un campesino por una disputa entre vecinos". Cuando nos hablan de medios hegemónicos, me parece que en ciertos temas todos los medios hegemónicos se parecen mucho", concluyó.