En el marco de la causa que llevó a juicio a 9 policías de la Provincia de Buenos Aires por haber realizado una serie de procedimientos ilegales durante la investigación de la muerte del ex comerciante Dardo Molina, el Tribunal Oral Criminal N° 3 decidió condenar este lunes a los efectivos Pedro González, Marcos Andrés Romero, Juan Pablo Velázquez, Miguel Horacio Carchio y a Claudio Daniel Cacciacarro a penas que van desde 2 años y medio de prisión en suspenso hasta 5 años, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Alexis Simaz, Luis Riquert y Néstor Jesús Conti resolvieron absolver a los uniformados Miguel Ángel Parrado, José Luis Camargo, Jorge Luciano Spina y Carlos Alberto Rivero, después de mediar retiro de la acusación.

En relación a los policías condenados el TOC N°3 le otorgó por unanimidad a Pedro Ismael González la pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para acceder a cargos públicos por 5 años, a Juan Pablo Velázquez y a Miguel Horacio Carchio a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 10 años respectivamente, a Claudio Daniel Cacciacarro a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años y a Marcos Andrés Romero a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 8 años. El fiscal no había pedido la detención inmediata ya que durante todo el proceso los efectivos estuvieron presentes y no entorpecieron la investigación.

Los delitos por los cuales se condenó a los uniformados de la policía de la Provincia de Buenos Aires fueron el de allanamiento ilegal de la morada, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido por funcionarios públicos, falsificación de instrumento público agravada, falso testimonio agravado y falsificación de instrumento público agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En lo que respecta al retiro de la acusación el Tribunal sostuvo en la sentencia que “con la manda legal y constitucional que recae sobre el Ministerio Público sobre el criterio de objetividad, al Estado no le interesa una acusación a cualquier precio, sino que fundada en prueba del juicio, de acuerdo al debido proceso; caso contrario sería arbitrario” y agregó en ese sentido que “las conductas desplegadas por todos los imputados, en el tramo que le corresponde a cada uno resultan irrelevantes al sistema penal”.

En lo que respecta a los condenados se manifestó en la resolución final que “dolosamente incumpliendo sus funciones, con una clara división de roles, pusieron un arma de fuego en la casa de Aguirre y luego, bajo el manto de una orden de allanamiento insertaron dolosamente su hallazgo, causándole un perjuicio a Aguirre”.

Asimismo, también se hizo lugar al pedido del abogado Martín Ferrá y solicitaron que se forme una causa por falso testimonio a Martín Daniel Aguirre, toda vez que existieron contradicciones con relación a la afirmación de que le pegaron en el interior de la casa y a su autor. Con respecto al pedido del Abogado Ferrá en el cuál solicitó se investigue alguna irregularidad con relación a la cadena de custodia del arma secuestrada. El tribunal manifestó que no se advierte irregularidad, sin perjuicio de lo cual podrá el abogado defensor formularla.

La causa tuvo sus inicios en la investigación por el homicidio a Dardo Molina en 2010, donde estos policías de la Provincia de Buenos Aires realizaron una serie de procedimientos ilegales sin la autorización judicial que exige la ley penal y que terminaron con las aprehensiones de dos jóvenes que nada tuvieron que ver con la muerte del ex comerciante.