Ayer por la tarde, la Comisión Investigadora de la Administración Pública decidió cursar una nueva nota al ministro de Salud intimándolo a contestar el pedido de aclaración que fuera cursado a principios del mes de julio, por lo que aún no realizó ningún dictamen evaluatorio de la situación. También decidió poner en conocimiento a los bloques de la documentación que se maneja por parte de la Comisión.

Así, el diputado Rubén Contreras solicitó al vicegobernador Fernando Cotillo que se de trámite a un juicio político contra el ministro de Salud Daniel Peralta, ayer mismo y basado en el informe preliminar del Tribunal de Cuentas.

Según Contreras dicho informe es “clave” para el inicio del procedimiento de Juicio Político establecido por la ley 13, reformada por la ley 570. También basa el requerimiento en la interpelación realizada al funcionario provincial en la cual “quedó demostrado que la gestión de Peralta es desastrosa”, sostiene el diputado. También afirma que dicha acción se basa, además, “en investigaciones realizadas por la Comisión Investigadora de la Administración Pública”, que preside el diputado Alexis Quintana y que según indicara a La Opinión Austral el diputado Héctor Roquel y se desprende también del informe de prensa sobre lo actuado por la Comisión que se reunió ayer, los diputados poseen el informe de la Justicia sobre quiénes integran la sociedad VRG y este informe preliminar del Tribunal de Cuentas que fue girado a los presidentes de los bloques parlamentarios.

El Tribunal de Cuentas realizó un informe de mil folios que fue entregado ayer por Quintana al presidente de su Bloque, Rubén Contreras, quien, según se indica en el comunicado, “inmediatamente realizó la denuncia mencionada, solicitando el juicio político para el ministro de Salud”. Dos días antes, el diputado Alexis Quintana había explicado que “se trata de un informe parcial, estamos analizando los datos suministrados en función de información muy delicada y que no puede tomarse a la ligera. Si los datos son concluyentes, y la documentación es irrefutable, podría ser causa de denuncias penales contra funcionarios ministeriales. Por eso es preciso un análisis pormenorizado”, indica el diputado.

Contreras asevera en su pedido de Juicio Político, que lo hace “siguiendo las inquietudes de nuestros instituyentes, los ciudadanos de la provincia, y frente a hechos de público y notorio conocimiento”, basando su pedido en los términos del artículo 4 de la Ley 13, y en los artículos 137 y 138 de la Constitución Provincial.

Tres puntos son los planteados en el requerimiento sospechados de ser irregulares: la contratación directa de la empresa VRG que pertenece al hijo del ministro.

Contratos y pagos realizados en forma presuntamente irregular a la cooperativa Nuevo Sur de la localidad de Las Heras y finalmente, y en el mismo tenor, se mencionan los contratos de seguridad privada para hospitales de toda la provincia.

El informe del Tribunal de Cuentas expresaría textualmente en uno de sus párrafos que “se observa un apartamiento en el cumplimiento de las normas administrativas de contrataciones contenidas en la Ley de Contabilidad Nº 760 y su Reglamento de Contrataciones”, en tanto que en otro párrafo se indica que se presentan diversas “irregularidades” en la contratación de servicios de seguridad para siete hospitales de la provincia.

Recibida la nota por Cotillo, el vicegobernador le dio curso, como establece la ley 13 reglamentaria del juicio político, y se la trasladó al presidente de la Sala Acusadora que es el diputado Miguel Guanes. El diputado de El Calafate decidió ya convocar a la Sala Acusadora para este miércoles 21 de agosto, a las 16 horas, para evaluar las pruebas presentadas y definir si se eleva a juicio político al funcionario provincial o no.

Fernando Cotillo afirmó sobre el tema que, al tomar conocimiento de la denuncia, decidió dar curso inmediatamente al procedimiento correspondiente ya que “no se trata de un tema menor, hay un ciudadano que está denunciando a un ministro y tenemos que actuar rápidamente para esclarecer esta situación” y, además, destacó que “las sospechas son muchas y corresponderá a las salas Acusadora y Juzgadora determinar culpabilidades”, analizando que “no es casualidad” la denuncia de Contreras, sino que “hace mucho tiempo que estamos detectando irregularidades en la salud y siempre hicimos las denuncias públicas correspondientes, a la vez que por la vía institucional también se avanzaba”.

El vicegobernador se mostró de acuerdo con la concreción del juicio político, aclarando que “no sólo como funcionario, sino principalmente como ciudadano de esta provincia, tengo una enorme preocupación por saber qué es lo que ocurre en Salud y porqué hay tantas sospechas de irregularidades”.

La ley 13 establece en su artículo 4 que recibida la denuncia por escrito y fundamentada, el presidente del Cuerpo la remitirá al titular de la sala Acusadora, quien citará a la misma para que, en sesión secreta, decida si los cargos formulados son de aquellos comprendidos en la Constitución Provincial.

Estos son: Incapacidad física o mental sobreviniente. Delitos en el desempeño de su función. Falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. Delitos comunes. Si los diputados integrantes de la sala decidieran dar cuso a la denuncia, deberá convocar a una Comisión Instructora la que debe “constatar” la veracidad de los cargos formulados y la responsabilidad que en ellos le cupiere al acusado y emitir un informe. Ese despacho será evaluado, nuevamente, por el pleno de la Sala Acusadora y de decidir avanzar en el Juicio Político, quedará, automáticamente suspendido en sus funciones el funcionario acusado, en este caso el ministro de Salud.