Las más de treinta familias que permanecen en los terrenos que el municipio reclama como propios se niegan a abandonar el lugar, y hasta iniciaron trámites, a través de sus abogados, ante un organismo nacional para que les ceda la propiedad y poder edificar allí un complejo habitacional.

Un mes atrás, las familias ingresaron ilegalmente al predio con el argumento de que no tenían una vivienda, pero se comprobó que entre ellas había personas que habrían estado vinculadas a dirigentes políticos y hasta tres personas que fueron identificadas como guardiacárceles. Posteriormente, un relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, por solicitud del intendente Pablo Názar, habría arrojado que sólo tres de las familias necesitaba una solución habitacional.

En el medio, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Capayán presentaron denuncias ante la Justicia para que desalojen el grupo. El propio intendente Názar dijo que planeaba usar el terreno para construir edificios públicos, entre ellos el nuevo Instituto de Estudios Superiores y el escenario del Festival de la Mandarina.

El fiscal Ezequiel Walther fue hasta Chumbicha y dio un plazo para que desalojen. No obstante, luego quedó de turno Miguel Mauvecín, que no avanzó con la causa. Ahora, con la vuelta de Walther, no se descarta que concrete finalmente el desalojo.