Dicha Institución cuenta con una oficina en la guardia de emergencias del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de esta ciudad, donde ingresan diariamente un importante número de personas que han sufrido accidentes de todo tipo en las calles de la ciudad, siendo trasladados mediante las ambulancias que cubren el servicio de emergencia en la vía pública.

CRITICAS

Desde APRAVAT se indicó que “tenemos entendido que para una mejor y más efectiva prestación del servicio se ha dividido la ciudad en tres zonas, las que son atendidas por las empresas privadas Vittal y Cardio, participando también las ambulancias correspondientes al SIES (Sistema integrado de emergencias sanitarias) de la Provincia de Buenos Aires que tiene su base en la Zona Sanitaria VIII”.

En ese sentido, se remarcó: “Nuestra preocupación radica en las demoras, muchas veces excesivas, que podemos apreciar en la llegada de la ambulancia al lugar de la emergencia, hechos que podemos constatar a diario en la guardia del HIGA, donde nuestros voluntarios conversan con los pacientes y sus familiares, quienes se quejan permanentemente por el servicio. En algún caso extremo donde la ambulancia ha llegado luego de casi una hora de requerido el servicio, lo que nos parece un verdadero acto criminal”.

A su vez, se subrayó que “de más esta destacar que los primeros minutos luego de una emergencia son los minutos de oro, donde una atención adecuada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte o puede agravar considerablemente las consecuencias de las lesiones sufridas por la víctima, por lo que es imprescindible que la atención de la emergencia se resuelva de la manera más rápida y efectiva, para que el paciente pueda ser trasladado con urgencia y sin demora adicional al entro asistencial donde se lo diagnosticará y atenderá de acuerdo a sus necesidades. Nos han dicho que el pliego de bases y condiciones al que han adecuado sus ofertas las dos prestatarias privadas del servicio tiene establecido 15 minutos como tiempo máximo de demora en llegar al lugar de la emergencia y que luego de ello comienza a aplicarse un sistema de multas de acuerdo al tiempo adicional transcurrido”.

Y se recalcó que “sorprendentemente nos hemos enterado que la municipalidad no tiene manera de controlar la demora en la llegada, ya que si bien el SIES (TE 107) tiene control del horario en que se ha requerido la ambulancia, es la misma empresa prestataria del servicio la que informa a que hora se ha hecho presente su móvil en el lugar de la emergencia…! Permitirle a quien presta el servicio que se controle a si mismo, debiendo informar si lo hace con demora, escapa a toda lógica, pareciera un chiste, pero es la triste realidad que vivimos todos los marplatenses. Licitamos por un servicio, establecemos una demora máxima, so pena de aplicar sanciones, pero no podemos controlar la prestación del servicio…! Ojalá estemos equivocados”.

También, se añadió que “cada empresa prestataria debe poner a disposición de la municipalidad para cubrir los servicios de emergencias en su área de cobertura de 6 ambulancias con su dotación completa. Ambas empresas privadas tienen otros servicios que cumplir, por ejemplo traslados dentro y fuera de la ciudad, prestar el servicio de emergencia en otras áreas de cobertura que han contratado con otros clientes particulares, realizan servicios en espectáculos deportivos, artísticos, etc”.

En ese sentido, se puntualizó que “muchas veces algunos de los 6 móviles que deberían estar cubriendo el servicio de emergencia en la vía pública son derivados a cubrir alguno de los otros servicios que presta la empresa privada, por lo que en ciertas ocasiones, por no decirlo en la mayoría, el servicio que contrata la municipalidad es cubierto con una cantidad sensiblemente menor de ambulancias, hecho que contribuye en mucho a generar mayores demoras ante una emergencia. Por un momento pongámonos en los zapatos de un empresario a quien la municipalidad le abona un canon por prestar un servicio de cobertura de emergencias en la vía pública, se le asigna un área de la ciudad y se le exige que se pongan a disposición 6 móviles con dotación completa, médico, camillero y chofer, en total 18 personas”.

“Si fuéramos empresarios inescrupulosos podríamos intentar cubrir este servicio con menos recursos, utilizando el resto para cubrir los servicios que hemos contratado con particulares, pudiendo de esta manera generar para nuestra empresa una ganancia ilegítima o indebida a costa del sufrimiento de las víctimas, incluso poniendo en serio riesgo su vida. Pero eso no nos preocuparía, ya que sabemos que la municipalidad no podría controlar nunca cuáles móviles efectivamente están puestos a disposición de la cobertura del servicio de emergencias en la vía pública y cuáles no, no pudiendo controlar tampoco la demora en prestar este servicio, porque sería mi propio personal quien informaría la hora de llegada de las ambulancias y podría equivocarse involuntariamente, pero siempre a favor de la empresa”, se subrayó.

PROPUESTA: GPS EN AMBULANCIAS

Ante esta situación, la Asociación Pro Ayuda a las Víctimas de Accidentes de Tránsito presentó en las últimas horas una nota ante el Concejo Deliberante solicitando que se implemente la instalación de un sistema de posicionamiento global o GPS en cada uno de los móviles de las empresas Cardio y Vittal, afectados al servicio de emergencia en la vía pública.

Según fundamentaron, ello “permitirá a la municipalidad tener un estricto y permanente control sobre los móviles que deben prestar este servicio, evitándose de esta manera que se los pueda utilizar para cubrir otros servicios vendidos a particulares o que se encuentren todos estacionados en el mismo lugar, pudiendo dividir cada zona de cobertura en 6 cuadrículas y en cada una de ellas posicionar una ambulancia para que la cobertura sea inmediata e ir reposicionando los móviles de acuerdo a las situaciones que se vayan dando a lo largo de la jornada”.

Asimismo, desde la ONG sugirieron que “podría analizarse la posibilidad de exigirles la instalación del GPS al momento de realizar la inspección anual de los móviles”, además de que sean las propias empresas prestatarias las que “se hagan cargo de la instalación de un centro de monitoreo y todos los gastos necesarios para que la municipalidad pueda efectuar el debido control sobre el servicio que está abonando y sobre el que hoy existen serias dudas sobre su cumplimiento en debido tiempo y forma”.

“Nos parece que esta propuesta debe por lo menos ser evaluada y sometida a discusión de manera urgente, ya que cada día que pasa se expone a la población de la ciudad a un riesgo innecesario, pudiendo mejorarse sensiblemente el servicio prestado en la actualidad, lo que equivale a evitar sufrimientos y salvar un número indeterminado de vidas”, enfatizaron por último en el texto, al cual 0223.com.ar tuvo acceso.