Aseguran que el mapa que definió la Cámara alta obstaculiza el sistema productivo porque muchas zonas quedan protegidas.
En el encuentro, que se realizó en la sede de RENATRE, estuvieron presentes la titular del organismo, Myriam Juárez; el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Carlos González Vera; la presidenta del Colegio de Biólogos, Cecilia Monferrán, la Sociedad Rural a través de Francisco Sotomayor; el presidente de la ADEC, Marco Andrada; y la delegada de Federación Agraria, Maura Tamanini.
"Gracias a Dios que en Diputados no fue aprobada sobre tablas porque tiene sus graves problemas. Es una ley que están sacando muy de apuro porque los apresura el tema de conseguir la plata que mandaría la Nación", evaluó Carlos González Vera.
El titular de la entidad que agrupa a los ingenieros agrónomos se quejó por la falta de discusión del proyecto con especialistas locales que conocen las características del territorio. Expresó su preocupación al considerar que áreas que hoy se destinan a la agricultura se han pintado de color rojo, es decir que se declaran como zonas de muy alto valor de conservación en los que no podrá realizarse actividades productivas.
En este sentido observó que la Cámara alta hizo cambios que no son significativos. Argumentó que el ordenamiento territorial -de acuerdo con el mapa que está elaborado- coloca obstáculos a todo el sistema productivo de la provincia. "El mapa difiere en que hay muchas menos zonas pintadas de verde, que son las que se pueden explotar y desmontar; hay mucho más en amarillo y la zona roja continúa igual", agregó.
A su turno la titular del RENATRE, Myriam Juárez, renegó de la "falta de vocación democrática" del Senado. Comentó que repitió la misma experiencia de la subsecretaria del Ambiente, Nora Martínez, al no convocar a los especialistas en la materia.
González Vera y Juárez coincidieron en desconfiar de los 10 millones que llegarían a Catamarca si se aprueba la Ley de Bosques. Apuntaron que la Nación no envió los fondos necesarios para todo el proceso que requería la ley. De igual modo, González Vera se preguntó si los 10 millones serán suficientes para resarcir a los propietarios de todas las hectáreas que quedaron coloreadas de rojo y que el Estado deberá expropiarlas para que sean áreas conservadas.
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