La propuesta del Ejecutivo, para nombrar en los próximos meses a miles de trabajadores precarizados que se desempeñan en distintas áreas del Estado provincial, fue duramente criticada por la diputada Silvia Moreta, quien cuestionó el "apuro" oficial por realizar designaciones, sin tener en cuenta el impacto financiero que esto podría tener para la próxima gestión.

"Recién ahora el Gobierno quiere hacer las cosas bien; en los últimos meses de una gestión de ocho años. Es poco serio", dijo.

Moreta apuntó contra el pedido de ampliación presupuestaria para dar contratos de servicio a 2.600 trabajadores de Obras Públicas, Vialidad y la Secretaría del Agua, además de los autorizados en el Presupuesto 2011, y los que se hagan hasta fin de año de acuerdo con las "necesidades de servicio", como reconoció el ministro de Hacienda y Finanzas, Mamerto Acuña.

Por ello tildó de "irresponsable" la iniciativa de incorporación masiva que se pretende.

La legisladora recordó que el tema del empleo precario en el ámbito público es tema de debate desde hace años, y que el Gobierno fue contando con las herramientas para eliminarlo.

"Desde que asumió el Gobernador, nosotros autorizamos miles de cargos, pero nunca se les ocurrió sacar a los jefes de hogar, a los becados y a los pasantes. Parece que, de golpe, buscan solucionar todo este año. Es mucha casualidad que quieran hacer todo justo en plena transición", agregó.

En el tema específico de los empleados con régimen laboral temporal en Obras Públicas, la diputada se mostró sorprendida por el alto número que el Gobierno pretende regularizar con contratos de servicio, cuando ya hay tiempo de descuento para el cambio de gestión.

"Ahora blanquearon que tienen 2.600 empleados en esta situación; nunca pensamos que fueran tantos", dijo Moreta.

Recordó que por un decreto firmado por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral en 2005, se pudo implementar el régimen laboral que ahora se trata de corregir con los contratos.

La situación

Según el Presupuesto 2011, aprobado por la Legislatura, el Gobierno fue autorizado a incorporar a más de 2.000 empleados, entre pases a planta permanente y nuevos contratos. Pero, por una promesa que Brizuela del Moral hizo en plena campaña proselitista, de dar estabilidad laboral a trabajadores con contratos precarios, pidió a autorización para incluir a otros 2.600. Aunque desde el oficialismo defendieron la iniciativa, asegurando que no implicará un costo extra para las finanzas, la oposición teme que el gasto en personal se dispare hasta complicar a la nueva gestión.

Por otro lado, la posibilidad expresada por el ministro Acuña, sobre contrataciones por "necesidades de servicio", abre la puerta para que se produzcan nombramientos sin control, para acomodar a integrantes del oficialismo gobernante que se quedarán sin trabajo con el cambio de gobierno.