CHARLA Y DEBATE SOBRE PLANIFICACIÓN URBANA Y HÁBITAT POPULAR: Especulación de la tierra, suba en el valor del suelo, déficit de viviendas. Algunos temas centrales en una problemática que busca tener solución a partir de un nuevo marco regulatorio. El sábado se llevó a cabo un encuentro con sus impulsores. Los principales interesados brillaron por su ausencia.
La charla-debate promovida por América Viva, Colectivo La Huella, Centro Nazaret, Cooperativa Pares, Colectivo Barrial, Movimiento de Participación Popular y el Centro de Propuestas para otra Economía, más la adhesión del Partido Nuevo Encuentro, se denominó “Planificación Urbana y Hábitat Popular: una cuestión clave para el presente y el futuro de Luján”.
En el comienzo de la charla realizada en el Centro de Convenciones de la Cooperativa Eléctrica, Gonzalo Vázquez, del Centro de Propuestas para otra Economía, consideró que la cuestión habitacional “es un tema que resulta necesario discutir, comprender y también plantearlo desde el contexto particular de Luján” porque “hay que instalar esta cuestión de una manera más participativa de discusión. Por ejemplo, el Código de Reordenamiento Urbano mucha veces no pasa de los ámbitos legislativos y hay que ampliarlo al conocimiento de la comunidad”.
Raúl Fernández Wagner, profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento de la carrera de Urbanismo y docente en el post grado de temas de desarrollo y urbanos, dijo que la clave del problema de la vivienda posterior a la crisis de 2001 “se traduce en el problema de acceso a los suelos” y “el tema se ha agravado” porque “el problema que nos aqueja en Argentina es el encarecimiento del valor de la tierra”.
Esto se traduce en el costo que tiene hoy un lote con relación a años atrás y por más que los salarios aumenten, el valor de la tierra se incrementa cada vez haciéndola inalcanzable para los sectores medios y bajos. “La economía crece todos los años, hay un boom de la construcción y el Estado construye viviendas sociales con planes federales. Teóricamente tendría que ir mejor, sin embargo los problemas empeoran. Una de las razones es que la reactivación económica trajo consigo un aumento del precio de la tierra. En Luján, un lotecito hoy incrementó su valor 4 a 6 veces y si instaló alguna actividad importante incluso más”, expuso Fernández Wagner.
En las periferia de las grandes ciudades el suelo “donde antes un matrimonio joven construía su casita, hoy eso se terminó porque la tierra es muy cara y como puede hacerse un barrio cerrado se la disputan las clases más altas en lugar de las clases populares y de menos ingresos”, agregó.
CON LA FUERZA DE UNA LEY
El Estado, según el académico, se encuentra también con un problema ya que no tiene espacio para construir viviendas sociales. Ante esto la asociación civil Madre Tierra presentó un proyecto de ley de Promoción de Hábitat Popular en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que busca aportar nuevas herramientas legales al Estado ofreciendo un nuevo marco regulatorio para que brinde soluciones a problemas estructurales, así como garantizar el derecho a la tierra y a la vivienda en el marco de una planificación urbana responsable y democrática.
“Es indudable que esta ley tendrá un impacto en el plano local, donde hay una discusión pendiente sobre cuál es el Código de Ordenamiento Urbano y Usos del Suelo que Luján necesita para los próximos años. En ese sentido, los convocantes consideran fundamental impulsar la sanción de un nuevo código que promueva un desarrollo urbano e industrial planificado, bajo gestión democrática, y en armonía con la salud, el medio ambiente y las necesidades de los sectores populares”, coincidieron las organizaciones y entidades sociales y políticas.
Para Fernández Wagner hay que “generar mecanismos para abaratar el suelo” y “reinstalar que el Estado tenga un control más directo del suelo y que lo saque del circuito de la especulación”. Frente a esto lo que se busca es “plantear y reformar un marco de leyes distintas que permitan distribuir mejor la ciudad donde habitamos”. Reconoció que “controlar la especulación no es un tema fácil” e insistió que debe “ponerse algún límite” para “que exista un proyecto de legislación urbana”.
Por su parte, Gabriel Nosetto, de la Asociación Civil Madre Tierra que trabaja desde 1985 en el oeste del GBA (Merlo, Moreno, Hurlingham e Ituizangó) con el objetivo de “fortalecer organizaciones barriales populares”, contó que la líneas de trabajo que desarrollan es “producir nuevos barrios urbanizando lotes para que las familias se autoconstruyan sus casas, mejoramiento de viviendas con fondos de micro-créditos, acompañar la organización de vecinos que viven en villas o asentamientos para que regularizar sus situación”.
Nosetto abogó por la unidad con organizaciones afines para participar en el movimiento por la reforma urbana y seguir generando propuestas que produzcan un cambio de paradigma. “Hoy se cristaliza con la Ley de Hábitat Popular”, señaló, y agregó que la ley en poder del Ejecutivo “generó algunos ruidos, los lobbies inmobiliarios ejercen presión pero sabemos que nos impone un desafío donde el rol de las organizaciones es clave para tener el poder necesario e impulsar esta ley”.
Juan Ignacio Duarte, graduado de la carrera de urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, analizó la localización de las viviendas construidas por el Estado arribando a la conclusión de que “el resultante de la población termina viviendo alejado de sus lugares de trabajo, de los centros de consumo o de las escuelas y sin servicios. Lo paradójico es que es el Estado quien define los usos en un Plan Urbano o en un Código Urbano y esa lógica termina dificultando las acciones a otro nivel del Estado ya que tiene que salir a comprar suelo para levantar viviendas”.
Para evitar estas situaciones Duarte dijo que el proyecto de Ley contempla que el Estado defina zonas de “hábitat social” para regular los casos informales o que el proceso de barrios privados no siga ganando terreno cerca de los núcleos urbanos.
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