CUENTA REGRESIVA PARA EL CIERRE DE LOS CABARETS EN SANTA CRUZ

CUENTA REGRESIVA PARA EL CIERRE DE LOS CABARETS EN SANTA CRUZ
Oscar Sandoval adelantó que su proyecto será bajado al recinto el jueves. Desde ayer se ultiman detalles en la modificación de algunos párrafos, pero el espíritu sigue siendo el mismo: cerrar los antros donde se ejerce la prostitución en Santa Cruz.
"Yo voy por la prohibición total” le dijo ayer el diputado Oscar Sandoval, luego de que en las últimas horas, sus pares le solicitaran “consensuar” su proyecto con uno que no hace mucho presentó la diputada Claudia Martínez (FVS) que, si bien en líneas generales condena la trata de mujeres, sostiene un articulado cuanto menos “light”. De hecho, ayer, el legislador participó de las reuniones de bloque que tuvieron lugar para unificar criterios en este sentido. El proyecto “en un 80% coincide en el espíritu nuestro, pero quizás tiene otro camino aunque creemos que son viables. Nosotros bajo ningún punto vamos a renunciar a la eliminación de la explotación de bares y wiskerías”, insistió el Diputado. Uno de los ejes en los que Sandoval aceptó “consensuar” su proyecto con el de Martínez es en cuanto a las divergencias de una y otra iniciativa sobre el “después” del recate de las víctimas de trata. Al respecto, el parlamentario manifestó que “mi idea es tener una herramienta urgente para ayudar a la víctima a salir de este calvario, en definitiva, y a grandes rasgos coincidimos en eso, lo demás son detalles y temas de protocolo que vamos a estudiar”, marcó. “De cualquier manera -agregó- no renunciamos a la prohibición, que es el espíritu de la ley que en la próxima sesión va a estar en el recinto” adelantó Sandoval, quien descartó la existencia de presiones por parte de los dueños de estos antros para que la norma no sea ley. “La verdad que a mi no me consta ninguna presión de nada. Yo voy por la prohibición total, hay un Estado que tiene que hacer cumplir las leyes y un protocolo a ejecutar, con herramientas para que el Estado no obvie su obligación” explicó el Diputado, que como intendente de Los Antiguos mantuvo a raya el tema, erradicando totalmente los cabarets de su localidad. Vale mencionar que, el fin de semana, se llevó a cabo el 1° Foro Legislativo sobre el tema trata de personas en la localidad de Perito Moreno, en el que se emitió un acta que resolvió que cada comuna de Santa Cruz, a través de su HCD, debe solicitar a la Cámara de Diputados la sanción del proyecto de Sandoval, bajo la premisa de poner un freno a la trata de personas en el terruño. Así las cosas, y después de casi dos años desde su toma de estado parlamentario, el proyecto será debatido en el recinto. Este proyecto, que se encuentra en la Comisión de Legislación General, jamás llegó al recinto y de haber seguido así, en octubre de este año podría pasar a archivo, ya que se cumplirían entonces dos años desde su presentación. La iniciativa plantea un encuadre para que no se puedan autorizar las patentes de habilitación a los antros, que, como wiskerías o cabarets permiten el ejercicio de la prostitución. Durante este tiempo, no se habían logrado avances, aún pese a dos factores determinantes como son las decenas de operativos en los que se rescató a mujeres obligadas a ejercer la prostitución en diferentes puntos de la provincia, pero además a la legislación nacional impulsada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esta falta de tratamiento por parte de los diputados -el bloque de la UCR si acompañó en todo momento la norma- fue en cierta medida suplida por una fuerte labor de los concejales que en las localidades donde se acompaña la labor de la Secretaría de la Mujer de la Provincia, quienes impulsaron ordenanzas para impedir que se siguieran otorgando patentes a estos lupanares. Esta contraposición a la falta de labor parlamentaria permitió que, por ejemplo, una ciudad como Caleta Olivia, en donde históricamente el ejercicio de la prostitución en los cabarets atravesaba culturalmente a esa comunidad, se cerraran en 2013 los diez locales existentes, gracias a la labor del Concejo Deliberante. El camino se hizo más largo, ya que al no existir una normativa provincial que unificara el comportamiento legislativo de todos los municipios, cada uno tiene el libre albedrío de decidir qué hacer ante este flagelo. Empero, en las comunas donde la voluntad estuvo, se lograron cerrar decenas de antros en donde se ejercía la prostitución, algunos porque fue detectada la presencia de mujeres en contra de su voluntad, y otros porque se cometieron homicidios entre los parroquianos. En una entrevista lograda a fin de 2013, la subsecretaria de la Mujer, Roxanna Totino declaró a este diario que en 2013 “han sido 30 las víctimas rescatadas de trata de personas, independientemente de que hoy la ley a toda mujer que este en estos lugares nocturnos las considera víctimas, pero las que han sido rescatadas y restituidos sus derechos son 30”. La Ley 26.482 sobre trata de personas fue sancionada por el Congreso el 19 de diciembre de 2012, promulgada el 26 y publicada en el Boletín Oficial el 27 del mismo mes, por ende el caso de Santa Cruz, una provincia donde esta problemática está absolutamente presente, era sólo cuestión de decisión política. Pero además, ya los artículos 15 y 17 de la Ley de Profilaxis (aún vigente) expresan que en el territorio nacional no se puede permitir este tipo de habilitaciones desde el año 1936, lo que resulta todo un contrasentido con lo que ocurre hoy en varias localidades. De hecho, en Santa Cruz sólo existen tres comunidades libres de este tipo de antros. La última en sumarse fue Gobernador Gregores, que sin la alharaca de una ordenanza de “adhesión” determinó que no entregarán más habilitaciones comerciales en el rubro cabaret, whiskería o establecimiento donde se induzca a la prostitución, y las habilitaciones que hay a la fecha caerán al finalizar del año cuando caigan las patentes de bebidas alcohólicas y no se renovarán. Piedra Buena desde hace algo más de tres años erradicó esta actividad y también Los Antiguos, que nunca tuvo locales de esa naturaleza. Las Heras, por su parte, adhirió a la ley pero aún no ha tomado determinaciones -más allá de lo escrito- ya que esta actividad se sigue desarrollando, lo que habla a las claras de la diferencia entre adherir y tomar una decisión política. El artículo 2º de la ley anti-trata establece claramente que “se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”. A los fines de esta ley se entiende por explotación “cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”.

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