El documento, esencial para que el Congreso determine el reparto de ayudas en la región, alerta sobre una concentración de poder y un supuesto progresivo daño a la libertad de expresión y de manifestación. La corrupción, la brutalidad policial, la impunidad, la ineficiencia judicial, la desatención de los derechos de los pueblos indígenas y la falta de respeto a los de los homosexuales son un denominador común en los análisis relativos a cada uno de los Estados del hemisferio.

El informe sobre Venezuela es especialmente duro en la denuncia de la concentración de poder, iniciada durante los mandatos del fallecido Hugo Chávez, y que ha continuado con su sucesor, Nicolás Maduro. El documento habla de una corrupción y politización del sistema judicial.

El informe sobre Ecuador se refiere a la nueva ley de medios aprobada a mediados del año pasado y la corrupción y falta de transparencia en el poder judicial. El Departamento de Estado también señala la intimidación que se denuncia desde el ámbito intelectual y académico, donde la dependencia laboral del Gobierno tiene, en muchos casos, “un efecto desalentador que lleva a la autocensura”.

En cuanto a Cuba, el tercer Estado latinoamericano incluido en la lista negra en materia de Derechos Humanos de EE UU, el informe también hace hincapié en amenazas e intimidaciones a los que tiene sometido el régimen de la isla a sus disidentes, si bien reconoce la tímida apertura en materia migratoria operada hace poco más de un año cuando permitió a sus ciudadanos viajar fuera del país.