Cuando Ali Vayeghan partió de Teherán rumbo a Los Angeles para reencontrarse con su hijo el pasado 27 de enero, Donald Trump estaba por firmar el decreto que prohibiría la entrada de ciudadanos de siete nacionalidades de mayoría musulmana a Estados Unidos, entre ellos, la suya. Vayeghan, claro, no lo sabía. Se enteró cuando aterrizó y lo retuvieron en un cuarto durante más de doce horas.

Mientras su hermano y su sobrina lo esperaban en el hall de arribos, Vayeghan, de 61 años, estaba detenido y sin posibilidades de comunicarse con Peter Bibring, el abogado de Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dispuesto a asistirlo. Cuando finalmente obtuvo el permiso para ser liberado, él ya estaba volando de regreso a Teherán.

Vayeghan, quien cinco días después pudo entrar en Estados Unidos gracias a una orden judicial, es una de las miles de personas afectadas por el decreto a través del cual Donald Trump prohibió la entrada al país de los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen por 90 días y suspendió el ingreso de refugiados por cuatro meses y de refugiados sirios de manera indefinida. La vigencia del polémico decreto duró una semana. Ahora es eje de una batalla judicial que busca determinar su constitucionalidad.

"El Gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que ningún extranjero de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos", dice el fallo que emitió anoche la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para extender el bloqueo del decreto. LA NACION relevó datos sobre esta y otras cuestiones que permiten comprender el universo de los inmigrantes y refugiados impactados por el veto de la nueva Casa Blanca.