Tanto por las maniobras judiciales desplegadas, como por la presión mediática ante cualquier intento de avance de las causas, han llevado a dar por sentado que ningún juez en Salta, tanto de la justicia provincial como Federal, está dispuesto a juzgar al ex gobernador, Juan Carlos Romero, porcorrupción. Por lo menos, así coincidieron magistrados de ambos fueros al referirse al tema, según consigna el Nuevo Diario.

Ya transcurrieron casi cuatro años de la primera denuncia penal contra Romero por corrupción, específicamente en el caso La Ciénaga, y otras siete más que siguieron, todas por maniobras vinculadas a la compra y venta de tierras, de las cuales la familia del ex gobernador, sacó un gran rédito económico o bien terminó quedándose con terrenos del estado provincial.

En estas causas, que suman ocho, se encuentran imputados, tanto Romero, como su hijo, Juan Esteban, su hermano, Marcelo y hasta su tía, Hermelinda, como así también numerosos ex funcionarios. Los delitos penales que se le achacan, en tanto, van desde incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude, negociaciones incompatibles, peculado hasta el de asociación ilícita.

Pese a ello, en siete de las causas, el trabajo de los jueces penales que llevan adelante el proceso ni siquiera llevaron a poder someter a Romero a indagatoria, acto procesal que pese a contar con un fallo de Corte de Justicia, ningún magistrado pudo sentar al ex gobernador para que declare.

El hecho más grave, sin embargo, tiene que ver con la causa denominada "el hangar”, por la cual el ex fiscal penal Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, requirió juicio público para Romero. Pese a ello, y a más de un año de este pedido, tampoco ningún juez avanzó con el juicio, segùn consignó Nuevo Diario.

En esta causa, y debido a que el proceso se llevó adelante bajo las normas del nuevo Código Procesal Penal, Romero tuvo que recurrir a la justicia federal para impedir el avance del caso y así frenar el juicio oral y público por la apropiación ilegal de un hangar de la Provincia, en donde Romero tiene sus aeronaves.

Pese a lo notable de esta maniobra tendiente a evitar el juicio, el juez federal 2, Miguel Medina, un hombre del entorno del ex gobernador, quien lo propuso para el cargo que ocupa y designó a su esposa, Ana Silvia Acosta, como fiscal en la justicia provincial, le dio asilo en los tribunales federales al hacer lugar a un planteo de competencia federal en el caso.

A ello se sumó el hecho de que luego, la Cámara Federal de Apelaciones, también se negó a intervenir y le permitió a Romero extender el proceso, pues ahora la pelea por la competencia deberá dirimirse en la Corte Suprema.