En 2012, cuando empezaban a arreciar las críticas de los intendentes porque el Gobierno provincial creaba fondos específicos que después no coparticipaba, el gobernador José Manuel de la Sota tomó una decisión: en 2013 le pediría un esfuerzo impositivo adicional de 310 millones de pesos a los productores rurales y, de ese total, 93 millones se repartirían entre los municipios para que hicieran obras.

Una de las polémicas que se generaron al principio del debate fue que la distribución iba a alcanzar a los pueblos y ciudades del interior pero no a Córdoba capital; ahora, a juzgar por los números que maneja el gobierno de Juan Jure, también Río Cuarto quedó excluida del reparto.

Entre los reclamos que hará el gobierno municipal por el reparto de fondos, uno será, precisamente, ese: que a las arcas de la Secretaría de Economía no ha llegado un solo peso por los fondos extras que está aportando el campo.

Una de las críticas a ese plus que creó el gobernador era que la distribución no se hace por criterios objetivos como, por ejemplo, las alícuotas de coparticipación que le corresponden a cada municipio y comuna sino de manera discrecional. La Provincia estableció que la asignación de los recursos quedara en manos de Oscar González, jefe de Gabinete.

Si se revisa el informe de ejecución presupuestaria que el Ministerio de Finanzas presentó en la Unicameral, allí se consigna que el Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas no está inactivo. Incluso, de los 94,5 millones de pesos que se presupuestaron para todo el año, al 30 de septiembre se comprometieron 92,6 millones. Esto indica que la gran mayoría de los fondos disponibles ya fueron asignados. A esa fecha, 98,1 de cada 100 pesos ya habían sido destinados a los intendentes, pero no al de Río Cuarto.

Si bien la Jefatura de Gabinete ya tenía comprometidos 92,6 millones de pesos y sólo quedaban 1.809.000 pesos por repartir, lo cierto es que en lo que va del año se acumuló una fuerte deuda con los municipios. Porque solamente 34,5 millones de pesos se ordenaron pagar y apenas 20,5 millones de cancelaron efectivamente. Es decir, la Provincia acumuló un pasivo de más de 72 millones de pesos con los intendentes.

De todos modos, Río Cuarto está en una situación peor porque ni siquiera tiene fondos asignados. “No sabemos qué pasó con otras municipalidades. En nuestro caso, no nos llegó nada, ni un peso”, planteó una fuente del gobierno de Río Cuarto.

La discusión por el reparto de fondos a los municipios ha tomado más temperatura en las últimas semanas, principalmente después de que el Foro de Intendentes Radicales reclamara públicamente por la forma en que el Gobierno provincial está distribuyendo la coparticipación y de que el jefe comunal de Córdoba, Ramón Mestre, intimara a la gobernación a depositarle 76 millones de pesos por el Fondo Educativo que la Nación envía pero que no llega a los municipios y comunas.

Córdoba capital calcula que durante este año la Provincia le retuvo indebidamente más de 360 millones de pesos.

En los últimos días, se conoció que también Río Cuarto hizo sus cálculos con respecto a la coparticipación. Y llegó a la conclusión de que en dos años -2012 y 2013- la Provincia le envió 88,3 millones de pesos menos de lo que le correspondería por ley.

Un estudio que circula en el Palacio de Mójica señala que la Provincia retacea recursos que llegan desde la Nación y que deberían ingresar en la masa coparticipable; pero, además, hay fondos específicos que creó la Provincia pero que no se distribuyen. Hay actualmente cuatro de esos mecanismos que reportan ingresos para la gobernación pero que no llegan a las ciudades.

El gobierno de Río Cuarto adelantó que hará formalmente el reclamo a la Jefatura de Gabinete porque, actualmente, estaría perdiendo, según sus números, unos 50 millones de pesos por año.