Cuando la salud no es prioridad

Cuando la salud no es prioridad

Un informe elaborado por el CEPA muestra que la cartera que conduce Jorge Lemus tuvo programas con una ejecución menor al 10 por ciento. En distritos bonaerenses encontraron falta de entrega de remedios y de leche para los niños.

El Ministerio de Salud nacional tuvo programas con una ejecución menor al 10 por ciento. El ministerio bonaerense llegó al récord de un área con el 1,5 por ciento de ejecución. Estas son algunos de los datos que releva un informe elaborado en conjunto entre el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Fundación Soberanía Sanitaria. Además de evaluar la subejecución en los ministerios de Salud nacional y provincial, hicieron una encuesta en siete distritos bonaerenses en los que encontraron falta de entrega de remedios suficientes para satisfacer la demanda, falta de preservativos y de leche para los niños.

Según señala el informe elaborado por el centro dirigido por el concejal kirchnerista en San Martín, Hernán Letcher, el Ministerio de Salud nacional tuvo un aumento del 4,9 por ciento con respecto a 2016. En total, implica 46.267 millones de pesos para 2017. “Ese incremento es 3,5 veces menor que la meta de inflación de este año del Banco Central, que prevé un incremento del 17 por ciento del índice de precios y 4,5 veces menor que la proyección de incremento de gastos de ese mismo presupuesto, estimada en 22 por ciento”, advierte el informe. “El aumento total de gastos implica, en realidad, una sensible reducción de fondos de salud en términos relativos, pasando de representar el 2,28 por ciento del total de gastos en 2016 a solo 1,96 por ciento”, indica.

Además advierte que entre el 30 por ciento y la mitad de los insumos que el ministerio debe comprar están asociados al dólar, que sufrió una fuerte devaluación a comienzos del Gobierno de Macri y continuó: el CEPA calculó que entre ese momento la actualidad la devaluación llegó al 65 por ciento.

Desde el Ministerio de Salud, que conduce Jorge Lemus, advirtieron que, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la ejecución el año pasado fue del 95,27 por ciento. Desde el CEPA retrucaron que hasta principios de marzo la información pública disponible indicaba que la ejecución presupuestaria era del 81,7 por ciento. “Llamativamente durante el mes en curso dicha información ha sido modificada”, advirtieron.

En el informe del CEPA le cuentan las costillas a Lemus con los programas que terminaron con una ejecución menor al 80 por ciento. Algunos ejemplos:

El Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se ocupa de enfermedades como el dengue o el mal del chagas, tuvo una ejecución del 8,35 por ciento. La Dirección de SIDA tuvo una ejecución presupuestaria del 78,61.El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo un 78,94 por ciento de ejecución presupuestaria durante 2016.El Programa Nacional de Salud Escolar ejecutó un magro 37,54 por ciento del presupuesto.

El informe también analiza el desempeño del Ministerio de Salud bonaerense, en manos de Zulma Ortíz. Hasta el 30 de septiembre del año pasado (último dato oficial disponible), contaba con una ejecución global del 67,36 por ciento. Allí relevaron casos que no llegan al 10 por ciento:

El programa de Salud Bucal tuvo una ejecución del 1,5 por ciento.El de Salud Mental y Adicciones ejecutó un pobre 6,62 por ciento.En tanto, el de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género ejecutó el 8,66 por ciento.

El trabajo económico del CEPA se complementó con una encuesta telefónica que hizo la Fundación Soberanía Sanitaria, que preside el ex viceministro de Salud, Nicolás Krepak. Se trata de una encuesta que se hizo en siete municipios para mostrar el impacto concreto en la población de la subejecución, en particular en el Primer Nivel de Atención de la Salud. 

La muestra incluyó municipios de los tres cordones del Conurbano bonaerense (Lomas de Zamora, Almirante Brown y Moreno) y del interior de la provincia (Exaltación de la Cruz, Mercedes, Pehuajó, San Antonio de Areco). Representan una población de 1.877.098 personas: el equivalente al 11 por ciento de los habitantes de toda la provincia. Le hicieron preguntas a los responsables de salud de cada municipio que, a su vez, las transmitieron a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). En el área relevada hay 166 CAPS (una muestra de un 8 por ciento del total provincial).

Las preguntas estuvieron dirigidas a cuatro insumos sanitarios: leche, botiquines con medicamentos del programa Remediar, preservativos y anticonceptivos orales. “Todos ellos eran provistos con regularidad por el Ministerio de Salud de la Nación y bonaerense en años anteriores”, señala el informe. Los resultados de la encuesta fueron:

Todos los CAPS recibieron los botiquines y los anticonceptivos, pero menos del 35 por ciento contaron con una cantidad adecuada para satisfacer la demanda. En particular, la cantidad de los botiquines Remediar estuvo “muy por debajo de las entregas históricas del programa”: en el 92 por ciento de los casos no cubrieron la demanda. Los antihipertensivos, seguidos por los antidiabéticos orales y antiinflamatorios fueron los principales medicamentos faltantes.24 CAPS no recibieron leche, y otros 43 no accedieron a preservativos. Ninguno recibió leche desde el Estado nacional. Esto llevó a algunas de las intendencias a recurrir a estrategias de emergencia. “En Mercedes, por ejemplo, la Secretaría de Salud informó que recibió una cantidad de leche ínfima de la provincia durante el año 2016. Para mitigar el problema, el municipio tuvo que disponer de recursos propios”, indica el informe.

“La subejecución tiene un efecto concreto en la población. No es solo un problema de ajuste económico”, sostuvo Nicolás Kreplak, presidente de la fundación que hizo la encuesta. “Por ejemplo, la falta de leche, que quizás no llegue grandes complicaciones de nutrición, sí puede generar pérdidas de potencialidad máxima en el desarrollo”, afirmó el ex funcionario. “El no reparto de preservativos no solo implica que aumentan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados sino que se pierde una política de Estado, que es que el preservativo esté siempre presente”. “Tomó tiempo convencer a la gente a que fuera a buscar estas cosas a los centros de salud. Lo que se pierde es a largo plazo y va a costar mucho trabajo recuperarlo”, indicó el ex viceministro de Salud.

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