En efecto, si se mira de cerca el problema que se plantea, hay cierta incoherencia en que una parte del Estado (la Auditoría General) demande a organismos -por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) o el Banco Central (BCRA)- que también son parte del mismo Estado.

Imagine, a nivel de una empresa, que la gerencia contable no consigue que la presidencia o la gerencia general le envíe información. ¿Presentaría una demanda? Seguramente, no. Lo mismo puede (o debe) decirse del Estado.

Un Estado no puede legalmente hacerse juicio a sí mismo. El sentido común y el derecho dicen que eso, en realidad, no puede o no debería ocurrir. Hay demandas de particulares y empresas contra el Estado (por ejemplo, la causa del Riachuelo o muchísimas otras) y un juez, que es parte del Estado, le da la razón a una u otra parte. Pero no debería haber demanda del Estado contra el Estado.

Mucho menos aún puede el Estado utilizar la vía del amparo, que fue un remedio procesal introducido por los jueces, primero, y por las leyes, luego, para que un particular se defienda contra otro particular o contra el Estado, cuando sufre un ataque grave e inminente.

Sin embargo, en la Argentina, más allá de lo que dicen las leyes, eso sí puede ocurrir. Y tiene alguna explicación razonable.

Deber constitucional

En efecto, la Auditoría General tiene encomendada por la Constitución nacional el deber de cumplir una tarea: auditar el sistema administrativo y financiero de todo el sector público. Entonces, se supone que los organismos del sector público son transparentes o, por lo menos, acceden de mal grado a ser controlados. Y, se presume, también, que la Auditoría General debe contar con información suficiente para hacer su tarea.

Pero ¿qué pasa si un organismo se niega a ser controlado? El Congreso nacional, del cual depende la Auditoría, debería hacer un señalamiento político y se terminaría allí mismo el conflicto. En definitiva, es el Congreso de la Nación el organismo teóricamente encargado de fijar el presupuesto nacional y la Auditoría controla, precisamente, cómo se gasta o invierte cada peso de ese presupuesto.

Sin embargo, en la Argentina, el Congreso nacional está atrapado en un juego de partidos que, muchas veces, termina en suma cero. Y tampoco muestra mucho interés por estudiar los informes que le prepara la Auditoría.

Por eso, a la Auditoría no le queda otro camino que resolver el tema por vía de presentar amparos contra otros sectores del Estado. Hay jueces que lo aceptan, pero otros lo rechazan. Y, cuando ocurre esto último, la parte oscura del Estado se vuelve impenetrable a la claridad.