Todo comenzó en los barrios San Agustín I y II de la ciudad de Santa Fe. Allí se concretaron, en 2009, las primeras experiencias para hacer que la EPE logre tener nuevos clientes y ex enganchados.

Luego de un año de planificación, allí pudieron derribarse ciertas ideas que parecían verdades inapelables. No eran más que prejuicios: “Cuando pudimos, luego de un largo trabajo de concientización y con un programa de inversiones planificado, crear redes seguras para la distribución de la energía eléctrica y de agua potable, vemos que a la tarifa social la paga, con regularidad, el 70% de los beneficiarios”, dice a El Litoral el titular de la EPE, Daniel Cantalejo.

Un programa de la Empresa Provincial de la Energía busca, desde entonces, multiplicar lo hecho en ambos barrios, para cubrir -en el largo plazo- todos los sectores más empobrecidos, en las grandes ciudades de la provincia. Es un objetivo ambicioso, que ha sido planteado para una década cuanto menos.

Con derechos

Históricamente la EPE los llamaba “usuarios de hecho” o “usuarios irregulares”. La calle les dice “enganchados” o “colgados”, pero pueden -si el Estado se pone de su lado- ser simplemente los clientes de un producto nuevo en la empresa: la Energía Social. Y entonces sí, su condición pasa a la de un usuario con derechos.

Este invierno no hubo piquetes por apagones en los barrios del oeste. Cantalejo piensa que “independientemente de que esta vez hizo menos frío”, éstos son los primeros resultados de lo que llama “un verdadero quiebre conceptual en la EPE, a partir de la gestión que llevamos adelante, a través de las políticas del gobierno provincial”.

Disyuntiva

“Digo que fue un quiebre porque incluso cuando internamente charlábamos sobre la EPE y lo que consumen los sectores más vulnerables, siempre se planteó el debate: enganchados o energía social”, recuerda el ingeniero que hizo toda su carrera en esa empresa.

“¿Cómo podemos calificarlos así, tan ligeramente de enganchados, si algunos de ellos venían a la EPE a pedir un suministro formal y la EPE no tenía una red allí o energía social para dar una respuesta?, agrega el funcionario.

“La primer pregunta que nos hicimos, cuando iniciamos la gestión, a fines de 2007, fue para qué usan la energía los casi 200 mil hogares usuarios. Y la necesitan mucho para la calefacción, para calentar agua y para cocinar. Y si la emplean mal, hay un perjuicio mayor”.

“Luego nos preguntamos cuáles fueron las políticas energéticas hacia esta realidad, y lo que vimos es que el Estado realmente ha permanecido ausente de estos hogares, donde viven unos 800 mil santafesinos.

“Nos planteamos el abordaje de esta realidad, que culminó en la conceptualización de nuestro programa Luz y Agua Segura y en un trabajo con las vecinales para prepararnos con un nuevo modelo de infraestructura eléctrica para ver las necesidades de esa población, que no tiene gas natural. Hoy tenemos en la Provincia el programa Abre al que está integrado nuestro programa: Luz y Agua Segura es un apéndice de una política de gobierno integral, de largo aliento”.

Otro producto

Las primeras experiencias en San Agustín fueron también todo un desafío tecnológico. “Hubo que crear nuevos tipos constructivos eléctricos, resolver cómo tender las redes, hacer ‘el posteo’ (plantar postes), ver cómo ‘llegar en altura’ a cada vivienda, y a un mínimo de 12 metros, y hacerlo en una geografía diferente al típico manzanado, donde muchas veces no hay trazado de calles... y hubo también que resolver aspectos legales”, en el reglamento de suministros.

“Nosotros hablamos de inclusión social, de energía social, de tener un Estado presente, pero eso no quiere decir que esto sea gratis: se conceptualizó también la idea de tener una tarifa social que sea parte del concepto de inclusión, y que se pague”, subraya.

En la EPE, “buscamos no repetir lo que hicieron muchas empresas privadas en el país, en los ‘90 (sobre todo en el Conurbano de Buenos Aires), cuando se instalaron medidores comunitarios que no solucionaron absolutamente nada a la gente”. Simplemente, se midieron esos consumos irregulares, inseguros, anónimos y se le pasó la factura al Estado.

En Santa Fe “elegimos poder llegar a cada hogar con una factura”, aunque -claro- eso significa una inversión cuantiosamente mayor y “un trabajo social muy importante, que requiere del Ministerio de Desarrollo Social, de las comunas, de las municipalidades y de las vecinales y organizaciones comunitarias”.

El 15%, para 2015

“El programa de energía social que tenemos en la EPE es una política de Estado, que se mantiene desde hace 6 años y se va acentuando”, dijo Daniel Cantalejo, titular de esa empresa estatal.

“Comenzamos con una pequeña escala, en San Agustín I y II, con unas 700 familias; hoy hablamos de obras que regularizaron los suministros en 15 mil hogares de la ciudad de Santa Fe (5 mil de ellos, en Alto Verde).

En Rosario el número es similar: 17 mil familias en total. “Pensamos que para el 2015, vamos a tener hecho un 15% del universo a alcanzar”, resumió el titular de la EPE.

“Hablamos de ‘luz segura’ porque se reemplazan totalmente las redes improvisadas, inseguras, por una infraestructura que quita el riesgo eléctrico. Y de responsabilidad, porque la distribución de la factura eléctrica y el cuidado de las nuevas instalaciones son parte de las actividades que se abordan con la gente del lugar, con las características culturales que se abordan en cada uno de los barrios, que son diferentes. Es una experiencia muy buena”.

“Cuando hay una política de Estado y se alcanzan condiciones de dignidad se da la posibilidad de que puedan ingresar otros servicios, como por ejemplo la recolección de residuos... aunque parezca mentira, cuando hay una red informal con cables tirados por todos lados, hay camiones que no pueden pasar. Y lo mismo el alumbrado público. Los beneficiarios del programa nos dicen “ahora gasto menos plata, ya no se me quema dos por tres la heladera’”.