La senadora del ex ARI de Tierra del Fuego María Rosa Díaz presentará un proyecto para que la Cámara Alta del Congreso de la Nación se expida respeto de la relocalización de dos asentamientos irregulares que pretende concretar el Municipio de Ushuaia.

La parlamentaria nacional cuestiona –mediante una gacetilla de prensa– la pretensión de la administración Sciurano de "relocalizar a los vecinos del barrio 10 de Febrero y Lapataia Sur en el Barrio del Valle de Andorra", ya que sostiene que "se le ofrece a cada familia una casilla de madera y chapa de 3 por 6 metros, todas iguales, sin tener en cuenta el número de integrantes de cada hogar. Estas viviendas no tienen cocina, baño ni servicios".

Cuestiona también la zona a la que se pretende trasladar a estas familias. Afirma que "al Valle de Andorra sólo se puede acceder a través de un camino de tierra, que tiene numerosas subidas y bajadas, lo que lo hace prácticamente intransitable en invierno, cuando la nieve lo cubre por completo", desconociendo que en Andorra habitan en la actualidad 663 familias, que es uno de los pocos sectores de Ushuaia en los que se cuenta con terrenos fiscales propicios para la generación de espacio urbano, y que el Municipio está desarrollando en ese lugar un proyecto urbanístico para más de 1000 familias que hace años esperan, en el marco de la legalidad, acceder a una solución habitacional, por lo que se están desarrollando trabajos de apertura de calles y tendido de infraestructura de servicios básicos. Sector en el que también se dispuso crear un área de "tránsito y espera" para brindar una solución habitacional transitoria a personas que han optado por ocupar irregularmente espacios públicos no aptos de ser urbanizados.

Objeta también que "el servicio público de pasajeros no circula por este barrio (Andorra), que se encuentra a 16 kilómetros del centro de la ciudad. La Municipalidad instaló un servicio de combis que cobra 5 pesos el viaje hasta el ejido urbano. Si tenemos en cuenta que son familias que se encuentran en una situación económica por demás complicada, que deban abonar 10 pesos diarios para poder ir a trabajar resulta vergonzoso".

Evitando mencionar en todo momento que estos asentamientos están ubicados sobre un turbal lo que convierte en inviable la locación para ser urbanizada, y que la responsabilidad de dar solución a la demanda de viviendas sociales es del Instituto Provincial de Vivienda, en la gacetilla de la senadora Díaz se afirma que "que los barrios 10 de Febrero y Lapataia Sur surgieron a partir de una ocupación espontánea en el marco de la grave crisis habitacional que sufre la ciudad, albergan a familias de escasos recursos, muchas de ellas integradas por niños en edad escolar y mujeres que trabajan en casas de familia".

La Senadora, que a mediados del 2008 agredió verbalmente a funcionarios del municipio que pretendían evitar la irregular ocupación de otro sector de la ciudad, afirmó que "esta relocalización se realizará sin ningún tipo de consulta previa con los vecinos, es totalmente forzada", lo que la llevó a afirmar que "el accionar del Municipio viola Tratados y Convenciones internacionales como la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros". Desconociendo también que desde fines de 2008, el área de Planeamiento del Municipio ha venido realizando reuniones permanentes con los vecinos con el objetivo de dar a conocer el proyecto y de los peligros sanitarios que corren al habitar esos sectores.