La promulgación, el viernes, de una ley muy polémica sobre los inmigrantes ilegales en Arizona, estado de EE.UU. fronterizo con México, siguió ayer generando fuertes reacciones en contra. El presidente Barack Obama se manifestó "preocupado" y afirmó desde Washington que los estadounidenses merecen "una reforma migratoria integral" para resolver la situación de 12 millones de "sin papeles" en el país. Y anunció igualmente que ordenó una investigación acerca de esta legislación. Antes había condenado por "irresponsable" la nueva ley de Arizona que criminaliza a inmigrantes indocumentados y los sanciona con multa y cárcel.

Los gobiernos de México, Honduras y Guatemala protestaron. Las autoridades mexicanas reiteraron que utilizarán todos los medios disponibles para apoyar a los mexicanos en el exterior. Y varias ONGs dijeron que recurrirán a la vía judicial para frenarla.

El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación y la Coalición Nacional del Clero Latino, por ejemplo, anunciaron que recurrirán a la justicia la decisión de la gobernadora republicana Jan Brewer de ponerle la firma a la polémica iniciativa, para muchos violatoria de derechos civiles y aun xenófoba.

A su vez, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración canceló en protesta su convención nacional, al tiempo que hubo más marchas críticas en Phoenix y otras ciudades.

"Tengo miedo", afirmaba una estudiante hispana con lágrimas en los ojos en una de las protestas, en Phoenix. Quien tenga aspecto extranjero (y esto es, latinoamericano) y no pueda mostrar al instante su permiso de residencia, corre el riesgo de ir a la cárcel, se quejó otra. "No puede ser que para un policía sea más importante detener a un inmigrante sin papeles que a un criminal violento sólo para no tener que hacer frente a una demanda", criticó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de la ciudad de Sacramento, que pertenece al grupo defensor de las libertades civiles "Law Enforcement Engagement Initiative". La ley, concluyó, es una "catástrofe". Sin embargo, no comparten esas opiniones numerosos ciudadanos de EE.UU. que sufren las consecuencias de un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas y que se filtra por la frontera mexicana.

Así como crece la inmigración, también lo hace la derecha nacionalista y religiosa en los estados del centro y sur del país, a los que la gobernadora Brewe les "regaló" la ley que pedían. Para algunos analistas, un momento decisivo para la ley fue el reciente y brutal asesinato de un conocido miembro de las fuerzas del orden que, en opinión de la policía, fue obra de inmigrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera.