El encuentro se extendió por poco más de 2 horas, en las que se pusieron en tratamiento los tres despachos aprobatorios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: uno en mayoría firmado por los concejales del FpV Luis Conti, Pablo Puppio y Carlos Bevacqua; y los dos restantes en minoría, firmado uno por Agustín Carús de Udeso y el otro por Claudio Molina del FAP.

Luego de la lectura de cada uno de esos despachos y antes del tratamiento sobre tablas, hubo un cuarto de 15 minutos en el que los presidentes de las distintas bancadas consensuaron la aprobación en general del presupuesto y la eliminación del artículo 17 del proyecto presentado por el Ejecutivo que apuntaba a dar a los funcionarios políticos las mismas bonificaciones que tiene la planta de empleados permanentes, en cuanto a horas extras, adicionales y demás.

También resolvieron enviar una resolución al intendente solicitándole que en el plazo de 30 días eleve al Concejo el programa de prioridades detallando las obras que se contemplan en el marco del Fondo Único de Infraestructura, información que no consta en el presupuesto.

El primero en fundamentar el despacho en mayoría del FpV fue Pablo Puppio, quien hizo hincapié en el acuerdo salarial del 25 por ciento alcanzado por el Ejecutivo con los gremios a principio de este año, al que consideró "interesante", a la vez que entendió que representa un "gran esfuerzo del Departamento Ejecutivo".

Señaló que están de acuerdo en que se prioricen áreas como obras públicas y salud, y consideró que deberían ir más recursos a Desarrollo Económico.

En uno de los párrafos del despacho, los concejales advirtieron que si bien aprobaban el presupuesto, lo hacían más allá de entender que "la gestión municipal deberá propiciar profundos cambios al modelo de gestión vigente, tendientes a una modernización del Estado municipal al igual que su reestructuración funcional y operativa".

El concejal Agustín Carús remarcó en un principio que el presupuesto 2013 no se diferencia ni en objetivos y acciones, como así tampoco en números, respecto del anterior; al tiempo que advirtió que el monto tanto de recursos como de gastos para 2013 es un 46 por ciento mayor a lo presupuestado en 2012.

En lo que respecta al gasto en personal, sostuvo que "somos muy críticos. Se presupuestan casi 140.000.000 pesos, y no tiene relación solamente con la actualización salarial sino principalmente con el crecimiento de la planta de personal contratado y político", que llega a los 1.600 agentes.

Carús fue quien advirtió que en el presupuesto figura la continuidad del Fondo Único de Infraestructura "pero nos sorprende sobremanera que se haya omitido detallar las prioridades de obra". Por esto resolvieron por unanimidad hacer una resolución solicitándole al intendente que eleve el programa de prioridades de obras "para que, por ejemplo, no haya subejecución con pasó en 2012".

Desde el FAP, Claudio Molina advirtió en el presupuesto una sobreestimación de recursos de 14.000.000 de pesos, en conceptos de tasas y derechos, venta de activos (como el predio del Obrador Municipal) y un Adelanto del Tesoro Nacional comprometido que aún no ha llegado.

Puso la mira en la reducción del gasto en Salud de 7 puntos y en Desarrollo Social de 3 puntos porcentuales, "lo que marca reducciones en áreas muy sensibles".

En contrapartida, apuntó que se mantiene una estructura orgánico funcional burocrática excesiva y dijo que "la planta de funcionarios políticos tuvo un incremento superior al 150% con 72 funcionarios, sobre la gestión terminada en 2011, que contaba con 28 funcionarios políticos".

Además marcó que "el equipo (del intendente) no tiene efectividad ni eficiencia. Tiene severos inconvenientes en su funcionamiento por sus diferencias existentes".

En lo que hace a los trabajadores, señaló que "en 18 meses de gestión, hay 223 empleados municipales más, y no se observan mayores ni mejores servicios para la comunidad".

No obstante todas las objeciones, aprobaron el presupuesto no sin dejar de advertir que "ojalá que el intendente logre revertir la situación porque es una gestión que ha decepcionado a propios y extraños".

El concejal Juan Sáenz, de la UCR, participó del debate y se preguntó qué alcances tiene la aprobación o desaprobación del presupuesto. "¿Es válida (la aprobación) cuando los números no se ajustan a la realidad de la gestión?", dijo y a continuación hizo un análisis de algunos números.

En este sentido, señaló la procedencia de los recursos: el 62 por ciento es de origen provincial, el 31 municipal y el 7 nacional.

A su vez, de los recursos provinciales explicó que el 24 por ciento tienen afectación y el 76 por ciento son de libre disponibilidad. De los municipales, el 17 son afectados y el 83 de libre disponibilidad; y de los nacionales, el 67 tienen afectación y el 33 de libre disponibilidad.

El concejal marcó su preocupación en el hecho de que "sólo el 31 por ciento de los recursos es de origen municipal, cuando antes era el 33 por ciento. Además, solamente el 17 por ciento de ellos están afectados".

Otros números que brindó fueron: Del total del presupuesto -esto es 293.528.935,70 de pesos-, el 25 tiene una afectación específica y el 75 es sin afectación.

De los gastos corrientes -que alcanzan los 213.890.574,33 de pesos- el 94 por ciento van para gastos de consumo: en remuneraciones se utiliza el 70 por ciento y en bienes y servicios el 30 restante.

Sobre esto, Sáenz indicó que anteriormente la relación entre remuneraciones y bienes y servicios era de 58 y 36 por ciento, mientras que ahora es de 70 y 30. Por esto, advirtió que "cada vez pagamos más y ofrecemos menos".

No olvidó mencionar el aumento en la planta de funcionarios y también en la de empleados, al mismo tiempo que advirtió la reducción del gasto asignado a la salud, que llega al 22 por ciento del total del presupuesto "el más bajo en los últimos años", dijo.

Con los números en la mano, el concejal remarcó que "esto lo hace un municipio inviable financieramente, ya que el escaso porcentaje de recursos propios y el alto gasto de consumo le quita toda posibilidad de previsión".

A todo esto, consignó que "el problema es el modelo de gestión" y que "no hay un plan ni un objetivo claro para hacer frente a este déficit municipal en lo que hace a la prestación de bienes y servicios para toda la comunidad".

Por último, advirtió que "aún el mejor presupuesto en manos de una mala gestión, no sirve para nada".

El concejal José Cordeviola intervino para poner el acento, una vez más, en la falta de información por parte del Ejecutivo, pese a los reiterados reclamos que le han hecho al Intendente.

"Es información necesaria para hacer un análisis profundo de los datos y para la toma de decisiones por nuestra parte", expresó, al tiempo que advirtió que hasta el momento "hemos sido bastante tolerantes", a la espera de la información pública que no es brindada por el Ejecutivo.

Cristina Croharé, del FpV, también se refirió a la falta de acceso a la información pública y marcó específicamente el último pedido que hizo el Concejo pidiendo se informe el listado de funcionarios y empleados, con los datos de lo liquidado en remuneraciones, incluyendo viáticos y otras percepciones extraordinarias.

"Esta información es importante para saber cómo inciden los sueldos en el presupuesto y para qué, cómo y en qué se utilizan los fondos municipales", apuntó.

Insistió en que "la información pública debe ser transparente para todos los ciudadanos", y opinó luego que en Azul "no se están llevando adelante las políticas del FpV".

Fue contundente cuando dio un ejemplo a lo que hace a la relación presupuestos y habitantes. Señaló que Lomas de Zamora tiene 750.000.000 de pesos de presupuesto y 612.000 habitantes. En relación, son 1.200 pesos por habitante.

Mientras tanto, Azul tiene un presupuesto de 293.000.000 y 60.000 habitantes, lo que da 4.800 pesos por habitantes.

Marcó inmediatamente que "el presupuesto debe ser puesto para el beneficio de los ciudadanos. ¿Hay alguien abajo (por el Ejecutivo) que esté escuchando?".