Un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el marco de la red Federal de Control Público, organismo presidido por la Sindicatura General de la Nación, realizó observaciones al IPV por la inversión de fondos correspondientes al programa Techo Digno. La principal se relaciona con la alteración de los montos de los contratos que se firma con las empresas.

Los fondos fueron transferidos en 2012. La auditoría se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2013 y el informe se publicó el año pasado. La muestra fue sobre seis licitaciones: una en Fray Mamerto Esquiú, 2 en Tinogasta, una en Fiambalá y dos en barrios de 50 viviendas en la Capital. Todas las viviendas habían sido finalizadas, aún así hubo observaciones por defectos en la construcción.

Al analizar el aspecto financiero relacionado con la inversión de las partidas, el organismo observa en la totalidad de la muestra seleccionada, el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, suscribe con las distintas empresas adjudicatarios addendas (adiciones o complementos) a los contratos de Obra Pública, mediante los cuales modifica los montos de los contratos originales. Así, se evidencia el caso de un barrio de 20 viviendas en Fray Mamerto Esquiú, edificado por Visan Constructora. El contrato se firma el 28 de mayo de 2012 por $ 3.293.390. La obra se inicia el 10 de agosto y el contrato se eleva a $ 3.596.900. Un mes después, el 10 de septiembre, se realiza una "addenda” y se fija un adicional de obra por $ 85. 519. El monto total pagado al 30 de septiembre de 2013 fue $ 3. 678.835.

Otro caso es el de 50 viviendas en Tinogasta, a cargo de la constructora de Héctor R. Zárate. El 28 de mayo de 2012 se firma un contrato por $ 7.991.170. La obra se inicia el 27 de junio y para ese entonces el contrato se eleva a $ 8.500.700. El 15 de agosto de 2012 se incorpora una addenda por $216. 637. El monto total pagado fue de $ 8.967.337.

También es notable el ejemplo de un barrio de 50 viviendas en la Capital, a cargo de REV Construcciones. El monto del contrato fue por $ 8.241.170 y se firmó el 27 de abril de 2012. La obra se inició el 24 de mayo y el contrato se eleva a $ 9.000.700. A pesar del notable incremento, el 15 de agosto se firma un adicional por $ 845. 721 y el monto total de la obra quedó en $ 9.500.444.

Al respecto, la auditoría indica que de los antecedentes legales de la operatoria del programa Techo Digno, "no surge la factibilidad por parte del IPV de suscribir addenda, introduciendo con ello modificaciones al contrato”.

También apunta que no se trata de situaciones previstas en la ley de obras públicas que prevé alteraciones a las condiciones del contrato. En este sentido, se insta al IPV, a ajustar su accionar a las normas legales.

 Verificación in situ

Según consta en el informe, el TC realizó verificaciones en los seis barrios analizados, en los que detectó que hubo demoras en las entregas de la obra y problemas de construcción tal como fisuras, agrietamientos, humedad, falta de griferías, etc. En este sentido, se recomienda al IPV rever los procedimientos correspondientes a las tareas de seguimiento de obras (inspección de obra), "haciendo cumplir a la contratista las condiciones detalladas en los pliegos licitatorios, "efectuando con mayor rigurosidad las inspecciones durante el desarrollo de las obras hasta su culminación, con la finalidad de asegurar la optimización del uso de los materiales y recursos aplicados en las mismas".

 Acceso a la información

La Red Federal de Control Público, que preside la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), tiene por objeto el control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional.

El Ancasti obtuvo el informe a partir de un pedido a la SIGEN en el marco del decreto nacional 1172/2003 de acceso a la información pública.