Desde la asociación se definieron como “los verdaderos rehenes y víctimas en este conflicto” y citaron declaraciones de diversos políticos respecto del traslado de los locales a la Escollera Norte -incluyendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Daniel Scioli y el defensor del pueblo de la Nación Eduardo Mondino- y apuntaron directamente al subsecretario de Control, Adrián Alveolite.

Es que el funcionario de la Comuna aseguró que si los empresarios no pretendían mudarse “no hay duda que habrá otros interesados en acompañar la propuesta e invertir en la nueva zona recreativa”. La declaración parece ir en desmedro del origen del proyecto que, más allá de la inversión monetaria, mejoraría la calidad de vida de los vecinos de Alem. Los mismos argumentaron que los dichos implicarían que aunque no se concrete el traslado de los bares de Alem, de todas formas habría actividad nocturna en la Escollera. Según manifestaron, esto “agravaría exponencialmente nuestra situación al crear otro polo nocturno sin solucionar el existente”. Además agregaron que “sin duda, se trataría de una estafa a la buena fe no solo de los vecinos sino de toda la ciudadanía y de las autoridades provinciales y nacionales que intervinieron, ya que el proyecto consistía en trasladar una actividad altamente conflictiva y no en aumentarla”.

Los habitantes de Playa Grande plantearon la “ilegalidad” del escenario que se vislumbra, basados en la pretensión de “modificar y adecuar legislación a favor de un sector y en contra del bien común de cientos de familias que vivían con anterioridad a esta situación, y que vienen reclamando soluciones hace años, sin ninguna respuesta”.

En este contexto, entendieron que “el Estado debe estar al servicio del hombre y de la sociedad que vive en su territorio” y que éste “no puede desligarse de problemáticas con alto contenido social”.

De acuerdo a las estimaciones volcadas en una carta abierta, “las restricciones no traducen una prohibición de la actividad, de manera que se mantiene incólume la posibilidad de continuar la explotación y, la mayor o menor rentabilidad del negocio particular, no puede superponerse al criterio de conveniencia general”. Claramente, la interpretación de los vecinos se refiere a los factores de ocupación y las recurrentes violaciones del empresariado hacia los mismos que prácticamente todos los fines de semana son sancionados por el Municipio, siendo esto lo que generó los últimos vaivenes entre el gobierno y Carba.

Al concluir, determinaron que “la igualdad ante la ley debe verse reflejada en todas las acciones de la vida cotidiana, y parte de esa igualdad es que todos debemos cumplirla”.