Si bien el Gobernador Alberto Weretilneck por un lado desplazó al Delegado de Rentas en Bariloche, Federico Martínez, involucrado en una supuesta defraudación en el envío a remate de un valioso terreno; por el otro argumentó a favor del proceso administrativo que finalizó con la subasta. Tal como reveló ANB, el comprador del lote de 1850 metros cuadrados, con costa de lago, en la Península San Pedro, y valuado en unos 200 mil dólares, fue el suegro de Martínez, agrimensor Agustín Luis Tello, mientras que la persona que puso el dinero -pero no reclamó la potestad sobre el terreno- fue la madre del funcionario ahora apartado, María Cristina Medus Rosenbrock.

Weretilneck aseguró a ANB que el propietario del terreno era un “incumplidor sistemático”, y arriesgó que la deuda por Impuesto Inmobiliario “ronda los 30 mil pesos”. El “proceso administrativo del remate, desde el punto de vita de la Agencia de Recaudación Tributaria, es absolutamente normal”, señaló el Gobernador.

Sin embargo, el propietario del lote consideró en diálogo con ANB que Weretilneck “está mal informado, mal asesorado”, en torno a este tema, ya que “la ejecución fiscal fue por 5.537 pesos”, lejos de los 30 mil planteados por el mandatario. Además, esa medida administrativa se tomó en mayo de 2011, un mes antes que erupcionara el volcán Puyehue, lo cual provocó que una batería de normativas nacionales y provinciales suspendiera el inicio y prosecución de ejecuciones fiscales. El expediente siguió su curso, y en junio de 2013 la Agencia de Recaudación Tributaria forzó el remate, sin que, según consta en la denuncia penal, se cumpliera con la notificación correspondiente a los propietarios y, por ende, se les permitiera cancelar la deuda.

“Lo que plantea Weretilneck es una falacia. Si así fuera que somos incumplidores sistemáticos tendríamos que haber sido notificados para poder pagar”, explicó Jarsun.

Otros datos contradicen lo dicho por el Gobernador. Según pudo determinar ANB, el embargo trabado por Rentas sobre el lote en el Registro de la Propiedad Inmueble tenía vencimiento en 2016, con lo cual el sumario interno que se tramita en el organismo recaudador deberá también determinar la actuación el abogado de la Agencia de Recaudación, Gustavo Fernández, quien en definitiva avaló el proceso.

La denuncia penal contra Martínez -además de Agustín Luis Tello, Mariela Tello, esposa de Martínez, y Susana López, compradora final del lote- se inició por las figuras de “defraudación”, “asociación ilícita”, “negociación incompatible con la función pública”, y “enriquecimiento ilícito”. La investigación que lleve adelante la Justicia podría alcanzar a lo sucedido con otros terrenos en condiciones similares.