La diputada porteña María Elena Naddeo solicitó información sobre las tramitaciones judiciales en casos de explotación sexual, trata, abuso sexual y otros delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes que tuviere a su cargo el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La solicitud de informes de Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) -que fue acompañada por Diana Maffía (Coalición Cívica), presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Familia, y por la diputada Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur)- plantea que Beatriz Orlowski, titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debía presentarse como querellante por una causa de explotación sexual infantil de los barrios de la Boca y Barracas y al no haber concurrido se inhabilita al Consejo a volver a presentarse y participar de las audiencias orales".

Naddeó agregó: "Exigimos conocer los motivos por los cuales la Presidenta del Consejo no concurrió a la audiencia citada por la Cámara de Apelaciones, así como las causas por las que no delegó en otras autoridades el ejercicio de la representación".

Los delitos contra la integridad sexual en general y los vinculados a trata y explotación sexual en particular, requieren para su persecución y condena una muy especializada atención por parte de los equipos interdisciplinarios.

"El rol activo del organismo de protección de derechos de la infancia en estas causas tiene una particular importancia para generar nueva jurisprudencia y sentar nuevos criterios de defensa. La inclusión de esta temática como una de las prioridades del Plan Transversal de políticas de infancia y adolescencia fue puesta de relieve en distintas ocasiones por los diputados y diputadas de la Ciudad en las visitas que hiciera la Presidenta actual del Consejo de los Derechos oportunamente", dijo Naddeo, ex presidenta del Consejo.

Destacando a su vez que "este tipo de situaciones demuestran negligencia, escasa preocupación por el cumplimiento de los deberes y atribuciones que todo funcionario público debe resguardar, deteriora el trabajo de los equipos técnicos especializados y desprestigia a organismos diseñados por la legislación vigente para el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño".