El Partido Justicialista nacional elaboró hoy un crítico documento sobre la medida que tomó el presidente, Mauricio Macri, para desarticular una serie de exigencias que deben cumplir los extranjeros para acceder a la compra de tierras.
El Consejo Nacional del Partido Justicialista que preside el sanjuanino José Luis Gioja elaboró un crítico documento sobre el decreto presidencial 820/16 que modifica la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La legislación, vigente desde 2011, limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Ante esto, desde el histórico partido salieron a cruzar al Gobierno de Cambiemos al asegurar que "este decreto abre la puerta para que se puedan transferir las acciones de las sociedades sin solicitar el certificado de habilitación en el Registro Nacional de Tierras", por lo que, analizaron, "este solo hecho desnaturaliza el espíritu de la Ley en el cuidado de un recurso estratégico no renovable para la Nación como es el suelo”.
Es que con la excusa de "facilitar y posibilitar las inversiones en el país" el Ejecutivo nacional flexibilizó los controles dispuestos por la normativa para la venta de propiedades rurales a extrajaneros. “Este decreto dictado por el Gobierno de Mauricio Macri pone a la Argentina en una situación, casi, de pre-independencia”, sostuvo el presidente del PJ Gioja al respecto, a la vez que agregó: “A 200 años de la declaración de nuestra independencia, conservemos la propiedad de la tierra de los argentinos para los productores argentinos”.
En el documento del peronismo, redactado por consejero partidario y ex ministro de Agricultura durante la Presidencia de Cristina Fernández, Julián Domínguez, hace hincapié, también, en que en el actualidad el territorio controlado por inversores foráneos alcanza el seis por ciento del toral nacional, algo así como unos 16 millones de hectáreas.
Entre los puntos que destacan desde el PJ para apuntar contra el decreto del Gobierno se encuentra "la imposibilidad mundial de aumentar la tierra cultivable", a la vez que precisaron que "nuestro país tiene actualmente 16.260.000 hectáreas en manos extranjeras".
Además, recuerdan que "Argentina acumula alrededor de 1.113.650 hectáreas que están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales" número equivalente a "65 veces la superficie de la Capital Federal".
"En el mundo se registra una degradación global de la tierra - empobrecimientos de suelos, desforestación y calentamiento global -", precisan en el documento y agregan que hay una "reducción en la disponibilidad del agua" y que "el crecimiento poblacional de 7.000.000.000" podría pasar a unos "9.100.000.000 según la FAO, en el año 2050, con la consiguiente demanda de alimentos".
En uno de sus párrafos, el Partido Justicialista sostiene que la medida que lleva la firma del presidente "habilita a que se consideren ya en manos de extranjeros no sólo los inmuebles inscriptos en los registros de la propiedad inmueble sino aquellos aun no inscriptos que `tengan títulos suficientes´, es decir que mediante boleto de compra venta, cesión de derechos, se pueda pretender que son previos a la sanción de la ley, erigiéndose como autoridad registra al Registro de Tierra (un organismo nacional) ,contraviniendo una facultad expresa de registral de las Provincias prevista en la Ley 17.801, por la que los Registros de la Propiedad inmueble provinciales dan posibilidad de los derechos reales”.
Sobre el tema aguas, el peronismo advirtió que el decreto "podría permitir, tranquilamente, la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición con la Ley", como ya pasó con Joseph Lewis, que en Rio Negro se apropió del Lago Escondido.



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