Confirmó que buscará impugnarlo jurídicamente y que, en caso de llegar al gobierno en 2011, analizará rescindir los contratos que se firmen. Acusaron al gobernador de negociar favoreciendo “a los tiempos de las empresas”
En una conferencia de prensa que se desarrolló en la Legislatura y que fue encabezada por el titular del Comité Provincia de la UCR, César Biffi y por un grupo de legisladores de ambos bloques encabezados por el senador Armando Camerucci, el radicalismo denunció que el gobernador “siguió los tiempos de las empresas en la negociación y auqe, por ese camino, se llegó a firmar un mal decreto”.
“Este decreto trae inseguridad jurídica a la provincia y fue producida por el Gobierno. Nosotros vamos a analizar todas las instancias políticas y jurídicas para que esta negociación tenga un instrumento legal. Estamos siguiendo el tiempo de las empresas y está claro que el Ejecutivo siguió el peor camino que es un mal decreto, sostuvo Biffi.
Camerucci, por su parte, adelantó que el radicalismo intentará en los próximos días insistir con la sanción de una ley en la Cámara Alta, que en caso de fracasar se analizará la vía jurídica y que, llegado el caso de que algún radical llegue al Gobierno en 2011, los contratos serán revisados.
Jaque anunció este sábado la firma del decreto 3.089/10 que fijó la prórroga de las concesiones por diez años más (a correr desde 2017), un negocio que le reportará a la provincia un incremento en el cobro de regalías petrolíferas y un anticipo de dinero que no sería inferior a los U$S 350 millones.
Lo que está en juego es el futuro del negocio petrolero en Mendoza y , sobre todo, la relación del Estado mendocino con la empresa YPF, concesionaria de 16 de las 31 áreas que serán concesionadas.
El Gobierno venía discutiendo con la oposición (sobre todo con el radicalismo)un proyecto que debía llegar a la Legislatura. Pero las negociaciones se trabaron, entre otros puntos, por el monto que iba a las comunas. Finalmente Jaque incluyó la mayoría de los puntos que acordó con el PD y la UCR, aunque con su plan los municipios recibirán $20 millones más en 2011, mientras que en la iniciativa del radicalismo la cifra era de $200 millones.
Lo que no se incluyó en el decreto, fue la exigencia a las empresas de realizar un estudio ambiental de base cero o un monto mínimo exigido de inversión, como planteaban los radicales.
“Si alguno cree que esto se puede hacer en una negociación cerrada entre Gobierno y empresas se equivoca. Un contrato mal hecho, termina mal”, lanzó Biffi.
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