Según pudo conocer La Voz, los policías volvieron a rechazar de plano esta noche una oferta que buscaba solucionar algunos de los puntos del reclamo, pero que no contemplaba una mejora salarial significativa.

Según informaron voceros de los policías autoacuartelados a La Voz, la oferta contemplaba un incremento de 1.000 pesos en diciembre y otros 1.000 pesos para enero.

“Es difícil que podamos arreglar esta situación si una propuesta que signifique un aumento al básico. El ofrecimiento está totalmente lejos de las pretensiones. No se toca el básico”, dijo esta noche el abogado de los policías Miguel Ortiz Pellegrini a Cadena 3.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la oferta realizada esta tarde es un camino intermedio entre las pretensiones de los uniformados y las posibilidades del Gobierno, que en los próximos 40 días pretende negociar una nueva pauta salarial para los empledos públicos.

"En 40 días se está definiendo el incremento salarial, estamos tratando de buscar un camino intermedio entre el día de hoy y los próximos 40 días", dijo la funcionaria.

Acuartelados

Un grupo numeroso de policías se acuarteló esta madrugada, a partir de las 2, en una sede de barrio Cerveceros de Córdoba capital en reclamo de mejoras salariales, desde donde elevaron un petitorio de 14 puntos al Gobierno provincial. También se plegaron efectivos de diversas ciudades del interior provincial.

Al mediodía, en un comisaría ubicada en el Parque de las Tejas, el jefe de la Policía César Almada mantuvo una reunión de más de dos horas con el abogado que representa a los efectos, Miguel Ortiz Pellegrini, y seis mujeres de policías que fueron designadas para participar de la negociación.

También participó de la reunión el subjefe polical, Carlos Galbucera. El excabo Claudio Cisneros reconocido por la protesta policial de 2005 estaba en las afueras de la dependencia policial.

Sigue la protesta

Luego del encuentro, las partes informaron que no se llegó a un acuerdo por el reclamo salarial, pero se lograron avances en otros sentidos, como es el caso de no sancionar a los efectivos que realicen protestas. Pese a los avances, las esposas y el abogado de los uniformados ratificaron que continuará el acuartelamiento.

El jefe del Distrito 5, Gabriel Muñiz, aseguró que la seguridad provincial está a cargo "sólo de los superiores". Muñiz fue hoy a barrio Cerveceros como mediador. Fue recibido por el abogado Ortiz Pellegrini e indicó que había llegado por pedido expreso del jefe de Policía, quien ofrecía "todas las garantías".

Cerca de las 18, el jefe policial mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el jefe de Gabinete, Oscar González.

Durante la mañana fue incesante el ingreso de personas a la base del CAP 4 y 5, tanto civiles como uniformados que llegaron para unirse a la protesta y a traer víveres, alimentos y medicinas.

Por la tarde, con la presencia policial reducida en las calles de Córdoba, supermercados y locales comerciales en varios puntos de la ciudad sufrieron saqueos. Desde el gobierno provincial, informaron que, por ahora, no pedirán intervención a Gendarmería.

De la Sota, de regreso

El gobernador José Manuel de la Sota regresaba a Córdoba de urgencia. Se encontraba en escala en Panamá con destino a Colombia y resolvió volver a la provincia una vez que le informaron sobre el reclamo policial.

La protesta se concentra en la sede del distrito 5 del Comando de Acción Preventiva (CAP), lo que impacta en el patrullaje que hace la Policía.

El petitorio

Los uniformados acuartelados armaron un petitorio de 14 puntos, con su abogado Pellegrini y el capellán de la cárcel de Bouwer. "Es un reclamo justo", dijo Pellegrini. Entre los puntos principales está un pedido de salario básico de 13 mil pesos y que no haya sanciones para quienes se sumaron a la protesta.

María José, esposa de un agente de 22 años de servicio, dijo que su marido cobra 7.000 pesos mensuales y que para "subsistir" los policías "deben hacer adicionales y así se pierden la vida familiar".

Señaló además que los agentes plegados a la protesta fueron "amenazados" y temen "sufrir represalias" por parte de sus superiores. Los agentes también denunciaron la falta de insumos, las malas condiciones edilicias de las comisarías y el mal estado de los vehículos.

Los reclamos

Cerca de las 23 del lunes las mujeres familiares de policías que protestaban en Guardia de Infantería y en la División Combustibles recibieron un mensaje de texto instándolas a tomar la base del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) 4 y 5, que contarían con el apoyo de los uniformados.

Sin dudarlo, armaron un grupo de unas 15 mujeres y se dirigieron a la sede. Poco antes de las dos de la mañana, el acuartelamiento ya era una realidad.

Una mujer de un policía, que evitó identificarse, estimó que hubo unos 4.000 uniformados replegados en la base del CAP cuatro y cinco.

Fuentes policiales indicaron que en protesta policial participan miembros de los CAP uno al 10, de la división Combustibles, Guardia de Infantería, Servicio Penitenciario de Bouwer, Cabildo, Protección de las personas, Bomberos, Caminera, Intendencia, Carlos Paz, La Falda, Río Primero, Río Cuarto, Cosquín, Carlos Paz y Villa María, entre otros puntos.

El reclamo se intensificó durante la madrugada, con los patrulleros concentrándose en la zona de ruta 9 y un hipermercado.

Además, mujeres de policías se manifestaron en la sede de la Guardia de Infantería y del área de Combustibles, en Mariano Moreno casi Deán Funes.

Legisladores

La titular del bloque del Frente Cívico en la Legislatura de Córdoba, Liliana Montero llegó al acuartelamiento policial acompañada por dos compañeros de banca, Santiago Clavijo y Carlos Roffé, pero no les permitieron el ingreso. El juecismo envió un comunicado.

"A los legisladores les agradecemos su apoyo pero no los necesitamos. No es politica lo que queremos hacer", aseguró un uniformado con un altavoz desde dentro del predio.