Frente a las máquinas se sientan señoras con uñas postizas y collares de fantasía. También, jóvenes de zapatillas con pinta de trasnochados, aunque aún no es de madrugada. En el subsuelo del hipódromo de Palermo todos juegan incesantemente. Pero si se mira alrededor, se descubren tragamonedas sin jugadores.
El rubro vive un fuerte proceso de concentración con reparto de territorio. Cristóbal López es el indiscutido número uno y supera con creces a quienes le siguen. El cordobés Miguel Angel Caruso se posicionó en el norte del país, mientras los hermanos Cirigliano, procesados por la tragedia de Once, tienen casinos en Entre Ríos y Formosa. Y el bastión de la española Codere, de los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, es la provincia de Buenos Aires.
En lo que se define como una ocupación a medida de personajes ambiciosos, el juego tiene un extraño tratamiento impositivo. Cuando Felipe Solá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires le aplicó un 34%. La Ciudad de Buenos Ares les cobra 17,5% y La Pampa, apenas 11% a una actividad que los países serios consideran tan nociva como el cigarrillo y la castigan con elevados impuestos para desalentar a los jugadores.
Un empresario insistió a Clarín que pagan lo justo y señaló que de cada $ 100 jugados, descontados premios y costos, el Estado se lleva $ 2,90 y el privado que explota, $2,35. Marc refuta: “Lo que hace brillante el negocio es la cantidad de veces que se apuestan 100 pesos por máquina, en las que por hora se juegan entre 500 y 1.500 pesos”.



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