Crisis interna en el PP por la reforma a la ley de aborto en España

Crisis interna en el PP por la reforma a la ley de aborto en España
Por Juan Carlos Algañaraz

Sectores moderados se oponen a la iniciativa de Rajoy de limitar la práctica. Esa división hizo frenar el proyecto oficial.

Un grave conflicto interno en el PP en torno a la nueva ley de aborto que propugna Mariano Rajoy ha impulsado al presidente del gobierno a postergar el proyecto. El enfrentamiento se produce entre el sector más conservador de los populares, vinculados a la Iglesia y el Opus Dei, con los grupos moderados convencidos de que la mayoría de los españoles apoya las alternativas menos radicales.

El trasfondo de este proceso es una ofensiva, cuyo principal protagonista es la Iglesia española, contra las reformas sociales aprobadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Estas iniciativas buscaban consolidar el laicismo en todos los aspectos políticos, culturales y sociales. Se fueron aprobando leyes como la del aborto libre, el matrimonio homosexual, a favor de la dignidad de los transexuales, la enseñanza laica apartando la enseñanza de la religión, proscribiendo símbolos religiosos en aulas y cuarteles, divorcio express, libertad para la investigación de células madres y la genética.

La Iglesia esperaba la contrarreforma cuando los populares llegaron al poder, pero Rajoy estaba demasiado abrumado por la crisis como para buscarse problemas que, lo sabe bien, son impopulares. Pero, ahora la Iglesia pasa la factura y exige terminar con las medidas progresistas.

Incluso el Papa Francisco habló sobre el tema en una entrevista personal con el presidente del gobierno español. Está claro que para estas poderosas fuerzas de la derecha España debe dejar de ser un país moderno.

“Si Rajoy debe parar su disparatada reforma es porque a ella se opone la inmensa mayoría de la sociedad”, proclamó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. “El Gobierno debe detener su reforma de la ley del aborto no por discrepancias internas sino porque tiene la oposición de la mayoría de la sociedad”.

El choque ha tenido varias expresiones pero la más espectacular se produjo en el Parlamento cuando la diputada popular Beatriz Escudero subió a la tribuna parlamentaria para sostener que las mujeres que más abortan son las “que menos formación tienen”. Las estadísticas demuestran exactamente lo contrario.

En medio de gritos, pataleos y silbidos, Escudero aumentó el escándalo sosteniendo que “los proabortistas votan defender los embriones de cefalópodos y mamíferos porque sufren. ¿Por qué no defienden el embrión de un ser humano?” Cuando abandonó el podio, numerosos diputados populares no la aplaudieron, un gesto resaltado en los noticieros de TV. Lo más grave para el gobierno es que la vicepresidente primero de la Cámara, y uno de sus principales dirigentes, Celia Villalobos, abandonó su sillón en la presidencia de la Cámara y se retiró como una forma muy clara de manifestar su oposición a Escudero.

El miembro del Opus Dei y ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparó el aborto con el terrorismo de ETA. La oposición calificó sus palabras de “gravísimas y espeluznantes y exigió su dimisión”.

“Nos están haciendo volver al nacional-catolicismo”, afirmó Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida, tercera fuerza política española, aludiendo al régimen franquista.

El ejecutivo impulsa una profunda reforma a la llamada “ley de plazos” que aprobó el gobierno socialista en 2010.

Esta legislación introdujo el aborto libre, consagrado como un derecho de las mujeres, en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de “riesgo de vida para la salud de la mujer o anomalías del feto”. La edad para poder interrumpir el embarazo comenzaba a los 16 años.

Ahora los conservadores tratan de imponer su proyecto y eliminar los plazos. En su lugar se introducen “indicaciones” para tratar de impedir a toda costa la libertad de elección de las mujeres. El punto más extremo es la obligación de tener que probar el riesgo de vida de la madre y eliminar la posibilidad del embarazo en caso de malformación del feto. Estos eran los supuestos que incorporó la ley socialista de 1985 que despenalizó la interrupción del embarazo.

El aborto volvería a ser ilegal y un serio delito para las mujeres y las clínicas que ahora lo practican en buenas condiciones médicas y a bajo precio o gratuitamente.

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