El intendente se niega a dejar su cargo, luego de que el Concejo Deliberante lo suspendió el jueves por 90 días, luego de que una comisión investigadora analizara la venta irregular de terrenos municipales. La Justicia rechazo un amparo.
Marchi se negó a notificarse de la resolución del cuerpo, tomada por amplia mayoría y se atrincheró en su despacho desde que se conoció que, en la mañana del jueves, el HCD había decidió suspenderlo a raíz de una causa que se le sigue por abuso de poder y mal desempeño de los deberes de funcionario público. Dispuesto a defender su puesto a toda costa, Marchi se hizo llevar un colchón y pasó la noche del jueves al viernes en el edificio de la comuna. En consonancia, durante esa jornada del viernes tampoco hubo actividad alguna en el municipio.
Mientras tanto, el mandatario había interpuesto una medida cautelar para evitar su suspensión ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Dolores a cargo del Dr. Antonio Escobar.
El viernes el juez se pronunció rechazando la demanda de Marchi por entender que el informe de la Comisión Investigadora que analizó su conducta "brinda al señor intendente municipal la posibilidad de efectuar su descargo, narrando los hechos por los cuales se lo acusa. Luego, formulado el descargo se ordena, en la medida que la comisión considera razonable, la producción de la prueba ofrecida por el Sr. Marchi, y se analizan la recusación y el planteo de nulidad". Más adelante el fallo explica que "no surge de la prueba documental acompañada, ni del relato realizado por el solicitante de la medida cautelar, circunstancia alguna cuya gravedad pueda tener tal entidad como para considerar que las normas que consagran Derechos Humanos se han tornado letra muerta", concluyendo en que no se ha acreditado la verosimilitud del supuesto derecho de Marchi ni el peligro en la demora que ha invocado.
Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Sorucco, rechazó el argumento de la falta de notificación diciendo que "La presencia del intendente en la sesión del Concejo en la cual se decidió su suspensión preventiva y la propia demanda presentada ante la Justicia echa por tierra su argumento de que no abandona el Despacho porque no esta notificado de la medida. La convalidación judicial de la resuelto le impide a Marchi seguir sosteniendo, en nombre de la democracia, que su suspensión es ilegal y lo coloca en una situación complicada. Es precisamente la democracia representativa municipal, reflejada en los concejales que lo están juzgando, la que impone ahora que se ha frustrado el intento judicial- acatar la suspensión preventiva y continuar el trámite tal como lo prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades. Negar lo innegable (estar notificado de la suspensión), rechazar las cédulas que se le han remitido a su oficina y a su domicilio (según han informado a este medio los ediles a cargo del trámite) y desconocer la medida regularmente adoptada por el Concejo Deliberante en ejercicio de una competencia que le otorga la Constitución y la ley, constituye un inexplicable acto de rebeldía que coloca al intendente fuera de la legalidad y le hace un flaco favor a la reputación de General Lavalle, ya bastante vapuleada ante la difusión de los hechos que motivaron precisamente- el juicio político en cuestión."
Voces a favor y en contra
Marchi estuvo presente, aunque no solicitó usar de la palabra, en la sesión especial del jueves 11 en la cual el Concejo Deliberante consideró por cinco votos contra uno que había incurrido en faltas graves que ocasionaron perjuicio patrimonial a la comuna.
La concejal Marcela Passo, presidenta de la comisión investigadora que tuvo a su cargo el análisis de la conducta de Marchi, en el tema de la venta de terrenos municipales a un particular por una suma irrisoria, dijo a La Capital que el organismo "determinó que la conducta del intendente era grave y lesiva de los intereses del municipio".
En declaraciones radiales, Marchi acusó al senador Osvaldo Goicoechea, su antecesor en el cargo, de estar detrás del proceso que lo tiene como protagonista.
En apoyo a Marchi, algunos de sus seguidores decidieron manifestar en la mañana del viernes sobre la ruta 11, que conduce a la costa atlántica. El corte ocupó una mano, en una jornada de intenso tránsito hacia la costa. Pero lo llamativo, según indico a La Capital el periodista local Horacio Burgueño, fue el hecho de que el corte se llevara adelante con un camión municipal.
Una venta a precio irrisorio
En los tribunales de Dolores, se viene tramitando una causa contra Marchi, a partir de una denuncia por la venta de terrenos municipales a precio irrisorio a favor del contador municipal, Carlos Gustavo Morales.
En 2000, Morales adquirió a la comuna Goicoechea era entonces el intendente- terrenos fiscales para construir en ellos una fabrica de alfajores y galletitas. La operación se concretó entonces por un monto de 2.000 pesos, de los cuales el comprador abonó 200 y se comprometió a pagar el resto en un plazo de 30 días. Esta compra se hizo con la debida autorización del Concejo Deliberante que atendió al interés social que la fábrica podría traer al desarrollo de la ciudad. Sin embargo, Morales no abonó la deuda ni escrituró los terrenos ni, por supuesto, instaló la fábrica, aunque, en 2001, pasó a ser contador municipal, cargo que ocupó hasta hace un mes, cuando renunció.
En julio del año pasado, sin autorización del HCD y sin tomar en cuenta los incumplimientos previos, Marchi escrituró los terrenos a favor de su contador, por medio del decreto 558/09, por el mismo precio de 2.000 pesos. Para sumar una posible irregularidad más, el trámite no se hizo ante un escribano de la jurisdicción, sino a través de un notario de la vecina localidad de San Clemente del Tuyú

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