La crisis institucional que atraviesa la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE) sumó un nuevo capítulo el pasado martes por la noche, cuando un grupo de padres de alumnos del Centro Educativo Rural N°1 -gestionado por la entidad agropecuaria- se movilizó contra la presunta intención de su titular, Guillermo Andelique, de apartar de sus funciones al representante legal de la asociación ruralista, Roberto Rossi, y al director del establecimiento educativo, Alcides Spolita. Las fricciones entre la comunidad educativa del CER N°1 y la conducción de ARPAE comenzaron en los días previos al comienzo del ciclo lectivo regular, cuando la mayoría de los docentes -incluido el director, Alcides Spolita- se expresaron en contra de ciertos manejos realizados durante meses por el presidente de la entidad propietaria del colegio, Guillermo Andelique. Los cuestionamientos estaban relacionados con el manejo de los recursos de la escuela, pero en particular se hacía hincapié en la intromisión de Andelique en aspectos netamente pedagógicos, aún en contra de resoluciones de los inspectores del área. Por entonces, Andelique optaba por el silencio mediático y afirmaba que analizaría los pasos a dar de acuerdo al contenido de las críticas en su contra. Transcurridas algunas semanas ARPAE volvió a ser noticia por un parte policial que daba cuenta de una agresión física sufrida por Eduardo Learreta, secretario de la entidad, por parte de Andelique. El hecho ocurrió a principios del corriente mes y Learreta amplió su exposición en la justicia días atrás, a raíz de los hematomas que tenía en su cuerpo. "Se fue a las manos cuando pedí de una vez por todas que presente como corresponden las rendiciones de cuentas", le dijo Learreta a este medio. En este clima de creciente tensión se llegó a la reunión del martes pasado. En el marco de una reunión de ARPAE trascendió que allí Andelique pretendía hacer efectivo el alejamiento de sus respectivos cargos de Roberto Rossi y Alcides Spolita. Paradójicamente, Rossi es el propietario del predio ubicado en el kilómetro 81,800 de la ruta 7 donde funciona la escuela secundaria, quien cedió esos terrenos con una única cláusula: que allí desarrolle sus actividades una escuela. Enterados de esa posibilidad, un grupo de padres se movilizaron hasta la sede de ARPAE y, según contaron a este medio, impidieron que se tomaran esas medidas. Esta manifiesta crisis institucional, cuyo final todavía está abierto, ocurre en un momento especial para ARPAE, ya que es una de las entidades invitadas por el Municipio a integrar el relanzado Consejo de Seguridad Ciudadana.