Dicen que avanza la negociación con Venezuela que podría empezar a cambiar su situación financiera una vez que Corpoelec, la empresa estatal que la contrató, cancele U$S 50 millones de los U$S 250 millones que le debe.

Pero hasta entonces, Impsa sigue sumida en una crisis agravada por el default o cesación de pagos y, por lo tanto, ya encaró un plan progresivo para suspender a 600 de los más de 1.000 trabajadores de su planta de Mendoza, mientras espera que la Nación empiece a girar más de $ 2 millones en fondos Repro para subsidiar sus salarios hasta diciembre.

Desde ayer, Industrias Metalúrgicas Pescarmona está formalmente en default, luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poors le bajara la calificación de CC- a D (default) al acumularse un nuevo vencimiento de su deuda, el tercero consecutivo en menos de un mes, sin cancelar.

En tanto, puertas adentro, un acuerdo firmado con la UOM y refrendado por la Subsecretaría de Trabajo le permite suspensiones del personal  incluido en el Convenio Colectivo de la actividad, con un tope de 8 días por mes, al menos hasta diciembre. 

No obstante, desde el seno de la compañía aseguraban ayer que "se sigue trabajando” para salir de la situación, en especial con los bonistas o tenedores de las Obligaciones Negociables emitidas. Confían en que “una gestión particular en marcha con Venezuela podría definirse en diez días”.

Una doble D

Respecto a la decisión de ajustar el costo laboral sin despidos, la multinacional mendocina propuso y logró el OK para usar otra D: “descanso forzoso” al grueso de su personal, toda vez que la actividad de la planta se redujo al 40% en los últimos meses. A cambio, sólo deberá pagar alrededor de un 45% del salario habitual.

“La empresa comunica la nómina de suspensiones al sindicato y sólo puede aplicarse a unos 600 trabajadores convencionados por un lapso de entre cinco y ocho días como máximo al mes”, explicó Osvaldo Marín, responsable de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Trabajo. Para el viernes 10, en tanto, la cartera laboral nacional debería notificar fecha de aplicación e instrumentación de los Repro para la totalidad de la plantilla, algo más de $ 2,1 millones a razón de $ 2 mil por cada salario mensual.

En cuanto a la evaluación de la calificadora S&P, refleja lo vertiginoso de los cambios de consideración de Impsa en el mercado de capitales a raíz de la crisis. Es que la calificación crediticia a escala nacional, ante el vencimiento de un cupón impago por U$S 20 millones, ya había caído el 30 de setiembre a “ra CC negativa” (vulnerable a no ser pagada aunque no haya ocurrido el vencimiento aún), para convertirse desde ayer en “ra D” (en default).

Un acuerdo, la condición

La calificación también alcanza a WPE (Wind Power Energy), la compañía que opera en Brasil y responde a Venti Luxemburgo, la sociedad creada por Impsa en ese país. Refleja las consecuencias del no pago de vencimientos correspondientes a series VIII y IX de bonos locales el 26 de setiembre, que tenían un período de gracia de 5 días. El mismo se cumplió el viernes 3 de octubre.

Al respecto, la situación obligó al estudio Quantum Finanzas, contratado por Pescarmona para la renegociación de plazos y condiciones con bonistas, a intensificar gestiones bajo estricta reserva. “En este momento no podemos hablar”, se limitó a señalar su director ejecutivo, Juan Bruno, un signo de lo delicado del momento.

Un acuerdo es condición necesaria y suficiente, a criterio de  los especialistas de Standard&Poors, para que la situación se revierta.

“El cambio responde al criterio de considerar que la empresa no cumplirá con sus obligaciones. Aunque si en algún momento se concreta una reestructuración de deuda reevaluaremos las condiciones crediticias”, explicó la analista Cecilia Fullone.

Por su parte, Luciano Gremone, a cargo del equipo de análisis, puntualizó que la salida del default depende de “que la empresa pague todo, bajo las condiciones actuales, o de una reestructuración más profunda. Pero también basta que se acredite alguna de las cancelaciones pendientes según promesa de pago asumida con el lanzamiento de cada serie de ON”.

La calificación D para una obligación implica que la empresa cometió una violación de una promesa imputada acorde a cada fecha de vencimiento a menos que, de acuerdo con el último informe, “Standard & Poor's considere que dichos pagos se cubrirán dentro de un período de cinco días hábiles en ausencia de un período de gracia establecido o bien dentro del período o 30 días calendario, lo que suceda primero”. 

La D también se usa cuando el emisor se declara en quiebra. Corresponde cuando, como puede ocurrir en medio de la negociación, la ON está sujeta a propuesta de canje de deuda o arreglo desventajoso (en la jerga del mercado de capitales “distressed exchange offer”).

Sólo una serie a salvo

De 6 series de Obligaciones Negociables emitidas por Impsa para financiarse en el mercado de capitales, sólo una se mantuvo, al menos ayer, fuera de la D. Dicho de otro modo, zafó del aplazo.

Corresponde a U$S 225 millones de un programa global de U$S 500 millones en ON colocadas en 2007, de la cual la firma recompró un 87,8% del valor nominal. La calificadora conservó la nota "ra CC” (revisión con implicancias negativas) teniendo en cuenta que debería cancelarse en el transcurso de octubre.

El cronograma de vencimientos seguirá el 26 de diciembre con otra serie de ON clase IX por más de U$S 23 millones. Y otras dos (clase X y XI), de U$S 96,7 y U$S 53,7 millones respectivamente, que vencen el 18 de junio de 2015 y en igual fecha de 2016.