Entre 2017 y 2021, el presupuesto que el gobierno porteño destina a las políticas de vivienda se redujo en un 70%. Este año, apenas el 2% del presupuesto general se destinó a paliar el déficit habitacional de una ciudad en la que más del 10 por ciento de la población vive a la intemperie o en condiciones insalubres y de hacinamiento. En 2017, ese porcentaje había sido del 5,1%.
Los datos surgen de un minucioso trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que se basa en los informes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Secretaría de Integración Urbana -a cargo de la urbanización de las villas- y otras dependencias.
De acuerdo con los datos aportados por el CEM, en el transcurso de cinco años, en una Ciudad donde la crisis habitacional raja las paredes, el gobierno porteño redujo la inversión de 7.300 millones de pesos a poco más de 2.200 millones.
El impacto social de este dramático recorte se refleja en una agudización de los problemas de acceso a la vivienda. A un 35% de inquilinos que luchan cotidianamente para pagar los alquileres astronómicos, se le suma un 13,9% que sobrevive en una situación habitacional crítica. Un 7,4% reside en villas, el 4,2% en complejos habitacionales destartalados, 0,1% directamente vive en la calle y el 2,2% en hoteles, pensiones, inquilinatos o conventillos.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de vivienda estructural que cada vez se agrava más. La inversión en vivienda debería ser una prioridad. Contrariamente, vemos que el presupuesto de vivienda baja, se subejecuta y se fragmenta en diversos organismos”, explicó Guadalupe Granero, coordinadora del área Urbana del CEM.
Por ejemplo, entre 2020 y el 2021, el presupuesto disminuyó en $782.285.661 (-26,1%). El informe detalla además que el año pasado, en plena pandemia, la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) ejecutó un 81%, y el IVC y la Unidad ejecutora Ex Au 3 ejecutaron el 70,9% y 71,1%, respectivamente.
“A medida que se reduce el presupuesto destinado a brindar soluciones habitacionales, las dificultades en el acceso a una vivienda digna en la Ciudad se agravan, con el particular empeoramiento de las variables en el contexto de la pandemia de COVID-19”, amplía Granero. “Lejos de mejorar, estas cifras empeoraron entre 2020 y 2021 de la mano de una reducción de los presupuestos asignados por Ley y por una baja ejecución presupuestaria en 2020”, agrega.
Instituto de la des-vivienda
En el período analizado por el CEM, la institución que más recursos recibió fue el IVC. En 2017 dispuso de 4.091 millones de pesos; luego sufrió un drástico recorte y los recursos asignados cayeron hasta llegar a 1.497 millones de pesos en 2021.
En segundo lugar, la institución que recibió más presupuesto fue la SISU. Esta Secretaría recibió la mayor partida en 2019, 2.367 millones de pesos. Pero en los últimos dos años los recursos disponibles sufrieron otro duro recorte: 1.004 millones (2020) y 691 millones (2021).
El programa “Reintegración, integración y transformación de villas”, una de las banderas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es el que más recursos recibió. En 2017 se le asignaron 1.810.256.627 pesos, cifra que se redujo hasta llegar en 2020 a 710.113.982 pesos (constantes 2016). Y si bien en el 2021 se observó un aumento del 11,9 %, aún representa una cifra muy inferior con respecto al presupuesto asignado entre 2017 y 2019.
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