Información exclusiva a la que tuvo acceso TiempoSur, da cuenta de que, a través de una nota formal, la Municipalidad de Río Gallegos puso en conocimiento a la Defensoría del Menor sobre su necesidad de obtener mayor financiamiento para hacer aplicar medidas que restituyan derechos a menores que están atravesando situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente es sabido que hay decenas de familias judicializadas y esto se da por diferentes motivos, aunque en algunos casos, el emplazamiento del monitoreo con asistentes sociales u operadoras de familia no resuelven la problemática, y es entonces cuando surgen las llamadas “medidas excepcionales”, que obligan al Estado a tutelar al menor en riesgo y preventivamente trasladarlo a un hogar.

Sin embargo esto es algo que hoy la comuna no estaría pudiendo llevar a cabo, a raíz de la acuciante situación financiera que atraviesa y en donde el grueso de sus recursos  se va en la demanda del pago de salarios, impidiendo que se puedan habilitar más espacios para la población de menores en riesgo, ya sea alquilando nuevas viviendas que sirvan de hogar sustituto o bien ampliando los lugares ya existentes.

Es por ello que tras haber solicitado colaboración al Ministerio de Desarrollo Social, la comuna decidió trasladar la inquietud a la Defensoría del Menor, cuyos profesionales lograron mantener un encuentro con referentes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, buscando hacer las veces de mediadores entre el municipio y la provincia.

Entendiendo la gravedad del asunto, es decir, reconociendo la Municipalidad que por falta de recursos no está respondiendo a las situaciones de niñez como correspondería, la provincia se habría comprometido a establecer un diálogo con el área de Infancia de la Municipalidad y avanzar en una solución de manera conjunta.

Para que un chico esté hoy alojado en un hogar municipal o provincial su caso debe estar judicializado, pero la decisión de ese traslado, es decir, la salida momentánea de ese niño hacia un hogar publico se dé, es siempre responsabilidad de las áreas de Niñez que, a su vez, piden al Juez de Familia que convalide esa medida excepcional. Esta medida de protección debe anteceder al dictado de una medida excepcional es el último recurso porque implica la separación del niño de sus padres.

Requerimientos como éste, solicitados por el área de Niñez de la Municipalidad están a la orden del día, pero actualmente la comuna a cargo de Pablo Grasso no puede ejecutar el traslado de esos niños porque no tiene dónde llevarlos.

A esto se suma la situación de los hogares preexistentes y en este punto vale mencionar que según información a la que tuvo acceso TiempoSur, oportunamente el juez de Familia, Diego Lerena y los Defensores solicitaron la regularización de algunos establecimientos, entre ellos-y el más complicado- el hogar donde se alojan a las niñas y adolescentes.

Sobre este último habría pesado incluso la firma intención de proceder a su clausura, luego de que se detectaran presuntas falencias en el inmueble tales como ausencia de puertas, vidrios rotos, entre otros.