La lucha contra la inflación y la creación de puestos de trabajo, además de la solución del problema de la vivienda, son las cuestiones centrales planteadas por los ocho candidatos –cinco ultraconservadores, dos reformistas moderados y un tecnócrata– admitidos en la carrera presidencial. Entre ellos figuran dos altos políticos acusados por la Justicia argentina de ser autores intelectuales del atentado a la AMIA, en julio de 1994, que dejó 85 muertos.

La campaña electoral, bajo control estricto de las autoridades, se limitó a tres debates televisivos y no hubo casi carteles en las calles. Las reuniones públicas de los militantes políticos están prohibidas. El guía supremo iraní, el ayatollah Alí Jamenei, pidió una gran participación en las elecciones para dar “un voto de confianza al régimen”, aunque los 50,5 millones de electores llamados a las urnas están sobre todo preocupados por la crisis económica.

Irán está enfrentado con los grandes países occidentales, que consideran que su programa nuclear, reactivado en 2005 tras la llegada de Ahmadinejad al poder, tiene en realidad objetivos militares, aunque Teherán lo niega. Ante la intransigencia iraní, la ONU y las grandes potencias impusieron sanciones económicas, que fueron reforzadas en 2012 por un embargo financiero y petrolero de Estados Unidos y la Unión Europea.

En total, el programa nuclear ha costado a Irán “más de 100.000 millones de dólares en inversiones extranjeras perdidas y en ingresos del petróleo”, estima Karim Sadjadpur, un experto de la Fundación Carnegie Para la Paz, de EE.UU.

Las exportaciones de petróleo, una de las principales fuentes de ingresos de Irán, cayeron un 40% en 2012, según el gobierno. El país también está aislado del sistema bancario internacional.

Toda la economía iraní está afectada por el embargo, con una inflación superior al 30% y una devaluación de cerca del 80% del rial, la moneda local. Los productos básicos han aumentado un 63% en un año, según fuentes del sector, y el desempleo llega al 14%.

Tanto los conservadores como los candidatos reformistas –de todos modos cercanos al régimen de los ayatollahs– ven en el programa atómico de Ahmadinejad la causa de la crisis política y económica. Pero ninguno propone cambiar la política nuclear y suspender el enriquecimiento de uranio.

El próximo presidente tendrá probablemente poco margen de maniobra frente al poder del guía supremo Jamenei y de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen, convertido en poder económico gracias a las sanciones, asegura Afshon Ostovar, experto del centro estadounidense CNA.