“Los jueces han sabido escuchar y han evaluado exhaustivamente la prueba contradictoria que esta defensa remarcó en los alegatos respecto de los imputados en este proceso judicial”, afirmó la defensora oficial Gabriela Labat, en relación con el fallo dictado el martes por el Tribunal Oral Federal Nº1 de Neuquén que condenó con penas de 6 a 23 años a 13 imputados y absolvió a 8 de los 21 acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar.

Labat recordó que en los alegatos presentados por la defensa oficial citaron una sentencia de agosto de 2012 dictada por el Tribunal Oral de Misiones “donde también hubo absoluciones y que se había remarcado que debían ser cautelosos con las penas porque el hecho de que el Estado haya demorado 36 años, un juicio no debía ser un problema para aumentar la pena contra el reo sino que ese paso del tiempo no imputable a los acusados debía favorcerle".

"Por eso insistimos en que la determinación de las penas debía ser mensurada, prudentes y con equidad, de posible cumplimiento", agregó.

Sobre las críticas expresadas por las querellas acerca de las condenas dictadas por el Tribunal, Labat sostuvo que "tuve la sensación de que algunas querellas en estos juicios buscaban venganza, sangre, y no justicia".

Desde su punto de vista, las querellas “subestimaron" a las defensas y "a este juicio".

Comentó que como en el primer juicio de 2008 las condenas habían sido altas, “esto no les permitió saber que estábamos en otro juicio, que había que analizar otras pruebas y evaluar otras alternativas y estrategias. Eso quedó en evidencia, no solamente en las querellas sino también en el público que mostró su decepción e indignación el martes con el fallo”.

Comisaría sin torturas

Expresó su satisfacción por el fallo porque "quedó probado" que la Comisaría Cuarta de Cipolletti "no fue un centro clandestino de detención ni de torturas".

Labat confirmó que analizarán la situación de Antonio Camarelli, ex jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti, condenado a 10 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad tipificados como asociación ilícita, partícipe de la privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, aplicación de tormentos psíquicos y físicos.

“En unos días, Camarelli cumple 70 años por lo tanto le correspondería el arresto domiciliario", explicó Labat.

Labat adelantó que una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia "vamos a apelar en la Cámara de Casación las sentencias de nuestros defendidos que fueron condenados", refiriéndose a Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Miguel Ángel Quiñones, Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti.

Todas las garantías

Labat reconoció que su participación en este juicio "fue una experiencia muy rica en todo sentido". "Más allá de la satisfacción que genera el resultado del fallo, se ha vivido un juicio con todas las garantías tanto para los imputados como para las víctimas", precisó.

La magistrada consideró "excelente" la organización del proceso judicial y destacó la actuación de los jueces del Tribunal, Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, "quienes supieron dirigir durante ocho meses tanta complejidad de escuchar a todas las partes, otorgó tiempo y un cronograma suficiente para poder preparar los interrogatoirios y para alegar sobre los planteos", describió.