Si el perro del vecino le raya el auto, o su árbol le invade el terreno y descarga suciedad, ya no hace falta desgastar la relación con una demanda judicial. Y mucho menos tomarse a las trompadas. Incluso cuestiones más importantes como la cuota alimentaria, el régimen de visitas o un desalojo pueden solucionarse mediante el sistema de mediación judicial que impera en San Luis desde hace seis años.

No es sencillo mediar. Vienen vecinos con años de encono y familias peleadas por dinero.

El crecimiento de la tasa de uso de la herramienta fue impresionante. En 2008 fueron 86 personas las que recurrieron a ella para solucionar diferendos, en tanto que el año pasado el número de causas creció a 3.937. Representa un 2.289% más en sólo seis años. Y la suba fue gradual y muy fuerte: 266 (en 2009), 407 (2010), 1.093 (2011) y 2.516 (2012).

“Fuimos sumando de a poco, es una tarea diaria que necesita difusión, concientización y un trabajo serio de nuestra parte para que las expectativas se vean satisfechas”, cuenta Mónica Corvalán, la coordinadora de la oficina de Mediación, que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia. Bajo el lema “Conversemos para ponernos de acuerdo”, la mediación judicial se instaló en las relaciones sociales de la provincia y ya comenzaron a verse los buenos resultados, a partir del crecimiento de los pedidos y la mejor interconexión con los juzgados, ya que los asuntos mediables pueden ser algunos que ya estaban judicializados (en cualquier momento luego de interpuesta la demanda) o bien extra judiciales (ingresan directamente a la oficina a petición de un interesado o son derivados por las defensorías de menores y de pobres y ausentes). No son mediables los casos de orden público, como los divorcios o las disputas de filiación. En San Luis, a diferencia de otras provincias, aún no es obligatoria la mediación en la etapa de prejudicialidad, en cambio sí lo es cuando ya están iniciados los litigios.

Para Corvalán, la gente comenzó a confiar más porque los profesionales “cuidan la mediación, se capacitaron y demostraron ser capaces de ayudar a encontrar la solución a los problemas”. Para ser mediador se necesita tener título universitario de grado. Hoy San Luis cuenta con 88 mediadores matriculados, de los cuales apenas 17 son hombres y 71 mujeres. La mayoría son abogados (61), pero hay también psicólogos, sociólogos, licenciados en administración de empresas, trabajadores sociales y hasta una ingeniera en construcciones. Deben realizar un curso de 100 horas, con una carga de 10 por semana. Primero hay un introductorio de 20 horas, luego el entrenamiento de 60 y finalmente una pasantía que insume las últimas 20 horas. “Vienen profesores del Colegio de Abogados de Córdoba, una provincia que tiene una larga tradición en el tema. Les enseñan técnicas para acercar a las partes, lograr que se escuchen. Deben tener en cuenta que el mediador no decide, no asesora, no hace terapia, es apenas un facilitador de la solución, que deben encontrar los propios interesados”, describe Corvalán.

Los abogados median solos, los demás lo hacen con uno de ellos como compañero en una tarea que se denomina "comediación". Los casos que van llegando se sortean entre los mediadores disponibles. Aunque parece una tarea sencilla, no lo es. Muchas veces vienen vecinos con años de encono, familiares irreconciliables, reclamos a empresas de servicio o cuestiones de dinero, que siempre son las más complicadas de resolver. “El abogado debe hacer un cambio cultural en su manera de obrar, porque está acostumbrado a litigar para ganar y acá se viene a colaborar, no a conseguir un triunfo propio. Siempre decimos que un juicio es ganar-perder, y una mediación es ganar-ganar, porque hay que dejar conformes a las dos partes”, aporta María Susana Domínguez, coordinadora del Centro de Mediación de la ciudad de San Luis, que fue inaugurado el 3 de abril de 2009 con la presencia de Elena Highton, jueza de la Corte Suprema de la Nación, en unas modernas oficinas del Poder Judicial, frente a la plaza Independencia.

Actualmente hay nueve centros de mediación: dos en San Luis (uno de ellos funciona en el Colegio de Abogados y el otro en el Poder Judicial), Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Concarán (los últimos tres abrieron en 2011 gracias a convenios con las municipalidades), San Francisco del Monte de Oro se sumó en 2012 y el año pasado fue el turno de Merlo, uno de los que experimentó el crecimiento más importante, y el sur provincial, que tiene el suyo en Arizona. La extensión del Departamento Dupuy está haciendo pensar a los responsables en abrir uno más, que podría estar en Nueva Galia o Buena Esperanza para lograr una mejor cobertura.

En la entrada de cada uno de ellos, el interesado en someter su problema a un mediador encontrará un cartel que indica para qué está allí: ser escuchado y escuchar, dialogar en un ámbito de confianza, participar activamente en la solución del problema y construir un acuerdo que tenga en cuenta sus intereses y necesidades. “Queremos que se sientan cómodos, contenidos, que sepan escucharse y si pueden llegar a un arreglo, mucho mejor”, propone Corvalán.

Si bien el abanico de casos es amplio, los que más se presentan están referidos a conflictos familiares, con las disputas por herencias en primer lugar, los pedidos de realización de exámenes de ADN (la mediación no define paternidad, pero puede ayudar a encontrar una solución a los problemas que acarrea el no reconocimiento) y los desalojos. Las primeras 30 causas del mes que caen en cada juzgado, exceptuando las penales, van a una instancia previa de mediación. Las partes están obligadas a ir, pero por supuesto que pueden no acordar y entonces la causa volverá a la Justicia ordinaria para seguir su curso. El que no asiste deberá pagar una multa de $300 por incomparecencia. Y nada de mandar un abogado solo, debe ir el involucrado, que en el caso de las causas ya judicializadas debe estar acompañado por un asesor letrado.

El servicio no es totalmente gratuito, pero sí mucho más accesible que litigar en los tribunales ordinarios. El honorario de $1.155 del mediador lo pagan en partes iguales quienes se someten a la mediación, a menos que entre ellos hayan llegado a un arreglo distinto. Si no hay acuerdo, el dinero sale de un fondo de financiamiento que tiene el centro y el mediador cobra sólo la mitad. Luego, si el acuerdo supera los $10.000, las partes pagarán el 5% de lo que excede a los $1.155 originales. Además hay una tasa de justicia, que representa el 40% de lo que se debería pagar en un juicio. Por supuesto que hay excepciones. Si las causas se inician directamente o son derivadas de las defensorías y los involucrados demuestran que sus ingresos son inferiores al salario mínimo, vital y móvil ($2.300), los honorarios los abonará el fondo. Y en el caso de un acuerdo por un examen de ADN, el Superior Tribunal de Justicia pagará los costos del estudio si las partes no cuentan con recursos suficientes.

En los últimos dos años se sumó otra modalidad para facilitar la tarea: la mediación a distancia. San Luis fue la primera provincia que capacitó a sus mediadores en un sistema que permite ahorrar costos de traslado a los involucrados, quienes de esta manera aceptan en mayor cantidad someterse al proceso. Las comunicaciones con la otra ciudad se hacen por video conferencia o bien por Skype y los temas más sometidos a mediación son diferencias de alquileres y alimentos en caso de parejas separadas en las que uno de los cónyuges cambió su radicación. La tercera circunscripción judicial, que abarca a Concarán y Merlo, es la que más casos tiene de este tipo porque la conformación social involucra a mucha gente que vino de otras provincias.