En una década la presión impositiva de las provincias subió de 3% a 5% del PIB. Las nuevas tasas municipales creadas desde los ’90 son claves en este incremento y, además, son el eje de los reclamos empresarios por la superposición de gravámenes y por la incertidumbre respecto a cuáles son las potestades tributarias de cada jurisdicción. Estos fueron los ejes del debate organizado por el Ieral de la Fundación Mediterránea y la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana (Amcham). El economista Marcelo Capello planteó que la competencia desatada a nivel mundial por atraer inversiones deja aún más descolocada a Argentina que hoy, para una empresa industrial promedio, tiene una presión tributaria legal (sin incluir evasión) del 38%, la más alta entre países de similares características. “Comparando alícuotas de los principales impuestos siempre Argentina está entre los más gravosos”, graficó. Y recordó que en el ranking del Banco Mundial del costo de cumplimiento del pago de gravámenes, el país está 143 entre 183.

“La superposición entre los tres niveles hace ineficiente el sistema tributario. Hay que avanzar hacia un esquema menos distorsivo”, señaló el economista. En este contexto, la provincia de Córdoba está tercera en presión municipal promedio, detrás de Entre Ríos y Tucumán. El denominado “impuesto a la valija” -gravar actividades comerciales que no tienen local en la jurisdicción- es uno de los temas más controvertidos que, incluso, llegó a la Corte Suprema. Para Capello esa imposición se explica, en buena medida, por el menor costo político que tiene cobrar impuesto a quienes no son vecinos, no están instalados en la ciudad.

“Hay que armar un mercado común argentino, con un sistema tributario coordinado que no trabe la actividad económica

-dijo-. Se puede armonizar vía coparticipación o a través de reformas tributarias locales. Por ejemplo, las provincias podrían concentrarse en los impuestos a la actividad económica y los municipios en inmuebles y automotores”. Si ese lineamiento se aplicara, Nación y Provincia deberían compensar a las comunas por la eliminación de los tributos controvertidos. Por ejemplo, a la ciudad de Córdoba -tomando como referencia la ejecución presupuestaria 2009- le costaría unos $ 125 millones.

La concejala Graciela Villata, al escuchar la posibilidad, subrayó que “el municipio cerraría, se quedaría sin recursos. Hay que hacer federalismo en serio, trabajar sobre la coparticipación y no depender de ‘regalitos’”. Según sus estimaciones, hoy las tasas sobre la actividad comercial representan el 40% de los ingresos municipales, mientras que el inmobiliario es alrededor del 20.

El especialista Eduardo Gil Roca, de PwC Argentina, enfatizó que si bien la presión impositiva municipal no es esencial a la hora de decidir una inversión, es un factor que genera incertidumbre y se analiza en las empresas: Roberto Sericano, de BDO Argentina, deslizó que la superposición “crea conflicto y el conflicto impulsa la evasión”.