Crece la polémica por el comercio informal que gana terreno en la provincia

Crece la polémica por el comercio informal que gana terreno en la provincia
Los dirigentes de la Cámara de Comercio de Resistencia señalaron ayer que trabajarán fuertemente para que no se instale una saladita que afectará seriamente a los empresarios locales. A su vez ratificaron la necesidad de poner fin a mercados informales como el centro de compras ubicado en la avenida Las Heras o en la exterminal.
El vicepresidente Elián Jovanovich determinó que durante la reunión que mantuvo con funcionarios provinciales acordaron trabajar para reducir el mercado informal e impedir que se instalen grandes centros que funcionan en forma clandestina.

Si bien no está confirmado que una filial de La Salada se instale en la provincia existen varias versiones, incluso uno de los administradores habría señalado que el próximo desafío es abrir un local en Chaco.

Trabajo conjunto

Para avanzar en un esquema de trabajo conjunto con las autoridades representantes del sector privado y los sindicatos mantendrán una reunión que se desarrollará mañana a las 21 en Cámara de Comercio.

Allí debería analizarse las estrategias contra La Salada y las acciones para frenar a los mercados que al no estar inscriptos obtienen una rentabilidad superior a los comercios que siempre son inspeccionados. Más concretamente dispararon contra las ferias populares como la que está ubicada en Las Heras frente a Rentas. En ese mercado no ingresan los inspectores sean estos federales o provinciales.

Tanta es la informalidad que el Centro de Empleados de Comercio no tiene afiliados y cada vez que quisieron inspeccionar se encontraron que los empleados son parientes, algo que no justificaría tener empleados en negro.

Además el subsecretario de Comercio Interior, Ricardo Marimón, admitió que se han presentado denuncias contra locales ubicados dentro de este gran mercado por la mala calidad de los productos que se venden. Como no se entregan facturas las ventas no existen y los reclamos por productos defectuosos no son atendidos por los comerciantes que siguen trabajando sin cumplir con las normas mínimas.

Sin inspecciones

Javanovich aseguró que mientras esos mercados funcionan los comercios legales son inspeccionados constantemente y ante la primera irregularidad sobrevienen altas multas que son imposibles de pagar. Para el dirigente los mercados informales no resisten una inspección de bromatología, pero siguen funcionando sin ser molestados por la comuna, la provincia o la AFIP, todos cómplices.

A su vez los empleados no gozan de ninguno de los beneficios de estar registrados como por ejemplo obra social o jubilación. Tampoco tienen seguridad de cobrar el sueldo que les corresponde y no tienen la protección del sindicato.

Un peligro para la salud pública

A medida que el comercio informal crece aumentan las posibilidades que los consumidores paguen con su salud comprar a un precio económico, más cuando se trata de puestos que venden comida.

Como el peligro es real deberían actuar las autoridades pero estas prefieren no intervenir aduciendo que existe un problema social que obliga a miles de chaqueños a trabajar de manera casi ilegal.

Un gran negocio

Hace poco tiempo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) publicó un informe donde dio cuenta del movimiento económico del mercado informal en el interior del país. “La venta ilegal sigue ganando mercado en la Argentina. En octubre, se detectaron 370 Saladitas en el país, 35 más que en julio pasado, con un total de 27.052 puestos. Así surge del relevamiento realizado por CAME entre el 15 y el 31 de octubre en 160 ciudades de las 24 jurisdicciones”, destacó el trabajo.

“En las ciudades donde se detectaron Saladitas se relevaron además 12.139 manteros en la vía pública. La prueba fehaciente del avance de la ilegalidad en el mercado argentino se resume en los siguientes datos: En 1 de cada 2 ciudades relevadas se detectó el funcionamiento del modelo Saladita, observándose al menos un predio de venta ilegal en esas localidades. En total, en esas ciudades se computaron 39.121 puestos ilegales operando tanto en Saladitas como en la modalidad manteros o mesiteros en la vía pública. Esto significa que, en promedio, en las ciudades con Saladitas hay 1 puesto de venta ilegal cada 445 habitantes”, relató el informe. “Los puesteros ilegales habrían facturado $1.219 millones en octubre. La mayor facturación se concentró en los 27.052 puestos de las 370 Saladitas, con ventas por $915 millones en el mes, mientras que los 12.139 manteros o mesiteros detectados habrían facturado $305 millones”, determinó.

También denunció que “a su vez, hay muchas ciudades donde tradicionales ferias artesanales o de antigüedades se están reconvirtiendo al formato Saladita. Una situación similar ocurre en Chaco, donde si bien no hay Saladitas estructuradas como tales, un recorrido por Resistencia revela la presencia de manteros que se organizan como ferias itinerantes”.

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