El conflicto laboral que mantienen desde hace tres semanas dos de los cuatro sindicatos que representan a los empleados del Subsidio de Salud con la interventora del organismo, Nelly Ganim, se agrava y amenaza con paralizar la atención a los afiliados. Además, la situación podría tener derivaciones judiciales, dado que desde el sector gremial estudian la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de la norma por la cual se sostiene la intervención de la obra social estatal y de otros organismos públicos en Tucumán.

Las diferencias entre Ganim y los sindicalistas surgieron luego de que la funcionaria decidiera nombrar en cargos jerárquicos a 30 personas, algunas de su entorno y otras vinculadas a los gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Esta medida, según denunciaron la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social (ATEPYSS) y el Sindicato de Empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (SEIPYSST), violenta la carrera administrativa e impide que se produzca un corrimiento de personal contratado a la planta permanente, perjudicando a aproximadamente 190 empleados.

Debido a que Ganim pegó ayer el faltazo a una reunión que había sido convocada en la Secretaría de Trabajo, a los efectos de que las partes limen asperezas en torno a las titularizaciones y nombramientos de personal, los gremios decidieron endurecer el plan de lucha que venían realizando con quites de colaboración, cortes de calles y quema de cubiertas.

El secretario general de ATEPYSS, Andrés Jaime, sostuvo en diálogo con EL SIGLO que la de ayer fue "la segunda reunión a la que falta (Ganim), incumpliendo con el compromiso que había asumido, con mediación del gobernador José Alperovich, de buscar una salida mediante el diálogo".

El gremialista anunció que "debido a esta postura soberbia de la interventora, ahora se van a endurecer las medidas de fuerza, y desde este jueves se hará un paro por dos horas, que luego se irá incrementando progresivamente, una hora por día, hasta llegar a un paro total, y se mantendrán los cortes de calle con quema de cubiertas al frente del Subsidio (9 de Julio y Las Piedras)".

En tanto, Oscar Martínez, titular del SEIPYSST, lamentó "la falta de voluntad por parte de Ganim" para buscar una salida al conflicto a través del diálogo, al tiempo de anunciar que tomarán "tomar todas las medidas de fuerza necesarias".

Graves denuncias

Por otro lado, Jaime dijo a este diario que iniciarán "una campaña de esclarecimiento para que los afiliados sepan por qué no se están entregando medicamentos; por qué no hay toner para las impresoras ni papel para las fotocopiadoras; por qué no se combate el cobro del plus médico por parte de los prestadores y por qué hay un déficit anual de entre 12 y 13 millones de pesos".

Sobre ese último punto, el dirigente afirmó que "ese déficit se sigue incrementando debido a los aumentos que la interventora les da a los prestadores a pesar de que siguen cobrando el plus médico. Esos aumentos se cubren de dos maneras: con plata del Subsidio, que es como se está haciendo, o trasladando el costo a los afiliados", explicó. Además, Jaime anticipó que "se vienen nuevos aumentos en algunas prestaciones específicas, sobre todo las referidas a diagnóstico por imagen, por lo que seguirá agravándose la situación financiera de la obra social de todos los estatales tucumanos".

Contra la intervención

El conflicto del Subsidio de Salud podría desembocar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con una denuncia de los gremios en pugna con Ganim planteando la inconstitucionalidad de la norma que le da sustento a la intervención de ese y de otros organismos públicos en Tucumán, según adelantó Jaime a EL SIGLO.

"Esta figura de la intervención de organismos estatales deriva de la ley que dispuso la intervención federal en el año 1991 y que ya fue dejada sin efecto por la Legislatura hace unos años, cuando sancionó el Digesto Jurídico, dándole de baja a toda la parte administrativa de la norma (del remedio federal), y dejando solamente vigente la emergencia económica que establece la inembargabilidad de los bienes del Estado", explicó y agregó: "por eso, no descartamos plantear la inconstitucionalidad de la intervención de la obra social, para que se llame a elecciones y se la normalice, con la designación de un directorio integrado por el Gobierno, representantes de los afiliados y de los pasivos".