Tras la conformación del Ente de control a de Sudamericana de Aguas, prestataria de agua, se creará también un “Reglamento del Usuario”, herramienta legal que permitiría sancionar a la firma en caso de incumplimientos.

El reglamento fue votado por unanimidad en comisión por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) este martes, y se espera que el jueves sea aprobado durante la sesión.

“Es un elemento más que servirá para empezar a sancionar (a la empresa) cuando no se cumpla con el correcto servicio que ofrece”, detalló Diego Ranieli, concejal del PRO y uno de los integrantes del Ente en representación de la oposición, junto con la radical Claudia Zakhem.

El reglamento se convertirá en una herramienta para penar a la prestataria, ya que el contrato deja “un vacío legal importante para que el ente actúe”. Además, servirá como “base para una nueva licitación con más beneficios para los usuarios”, señaló Ranieli.

En los primeros pasos que dio en Ente, varios de los que lo conforman coincidieron en manifestar que “hay demasiados blancos” en lo que respecta a las obligaciones de la empresa, y por ende no es tan sencillo avanzar en castigos.

Sin embargo, una vez puesto en vigencia el reglamento del usuario, la empresa deberá acogerse a un esquema que detallará qué y cómo debe responder ante los requerimientos de los actuales usuarios.

“Revisión”

Pero además, el Ente también se está ocupando de revisar los acuerdos ya firmados con la empresa, para determinar qué grado de responsabilidad le compete en la presunta falta de cumplimiento de obligaciones ya asumidas.

Por ejemplo, una de esas cuestiones tiene que ver con una serie de obras que la empresa debía hacer en Derqui y barrios de esa localidad, que nunca fueron ejecutadas, expuso Ranieli.

“La empresa tenía que realizar la conexión de más usuarios a una red existente en Derqui, pero dicen en Sudamericana que cuando fueron a conectarla perdía por todos lados; era una red obsoleta”, explicó Ranieli.

Pero además debía realizar tres ampliaciones de infraestructura en Toro, y Monterrey que nunca realizaron. Según expuso Ranieli, la empresa “pretende compensar esas obras que no ejecutó con otras, como la ampliación de la red que se hizo con motivo de la construcción del boulevard en la Avenida Tomás Márquez o con la planta de bombeo en la calle Lauría”.

Otros de los puntos que el Ente está tratando es una suba extraordinaria que se cobra desde 2012, con el aval del Concejo, pero que se aprobó para encarar obras en determinados barrios. Esas obras, expuso Ranieli, ya estarían todas concluidas, por lo que la suba no debería seguir cobrándose.

“La obra se realizó, queremos saber cuánto dinero se recaudó y hasta cuándo se va a cobrar el plus, porque era hasta que se terminen los trabajos”, sostuvo el edil.