El Ministerio de Justicia y Seguridad deberá promover la conformación de estas asociaciones y el Banco Provincia deberá implementar regímenes diferenciados de créditos destinados a las cooperativas.

Así lo establece la iniciativa adelantada por el titular de la cartera Ricardo Casal que prioritariamente obliga al Estado Provincial, sus organismos descentralizados, sus empresas, las subsidiadas por el Estado y las privadas concesionarias de servicios públicos, a ocupar liberados que hayan cumplido más de cinco años de privación de libertad, en una proporción no inferior al 2% del total de su personal, dándole prioridad a sobreseídos o absueltos.

Además, estos mismos organismos, para la adquisición de bienes y contratación de obras o servicios priorizarán, a igual calidad y oferta de precio, a las empresas que contraten tutelados o liberados.

En cuanto a las empresas privadas que empleen tutelados o liberados podrán imputar el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que esas personas reciban como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Por último, el proyecto que próximamente tomará estado parlamentario, fija una tasa para los juicios penales en los que recayera condena por delitos complejos, económicos o en los que estuvieren involucradas organizaciones delictivas, por los recursos humanos y materiales utilizados por el Estado en su investigación, cuyo producido se destinará a la cuenta especial del Fondo Patronato de Liberados.

La tasa será de 20 mil pesos por cada mes transcurrido desde el inicio del proceso hasta la requisitoria fiscal de elevación a juicio y no podrá superar los 480 mil pesos.