Lo hizo el gobernador, Jorge Capitanich. Estará integrada por representantes de distintos estamentos del Estado y tendrá la misión de realizar informes técnicos no vinculantes respecto de las personas condenadas que realicen estas solicitudes.
El decreto 1476/13, fechado el 18 de julio pasado, recuerda que si bien el artículo 141, inciso 17, de la Constitución Provincial otorga al gobernador la atribución de indultar y conmutar penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo y favorable informe del Superior Tribunal de Justicia, los retardos en los análisis de cada uno de los pedidos generan permanentes reclamos por parte de los solicitantes.
"Es por eso que se propone fomentar la participación de los distintos actores que interactúan en esta problemática a través de la conformación de una Comisión Interinstitucional, ad honorem, en la órbita del Poder Ejecutivo provincial con el objeto de colaborar y emitir recomendaciones técnicas no vinculantes", indica.
Por tal motivo, el gobernador decretó la Comisión Interinstitucional de Indulto y Conmutación de Penas la cual tendrán la facultad de emitir recomendaciones técnicas al gobernador -bajo la forma de dictámenes no vinculantes- "la que se materializará luego de que se cuente con la opinión fundada del Superior Tribunal de Justicia".
La Comisión estará integrada por representantes del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura; la Secretaría de Derechos Humanos; el Centro de Liberados del Chaco; el Equipo Interdisciplinario de Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar y del Delito y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, la cual coordinará el funcionamiento de la misma.
El decreto faculta a la Comisión a solicitar informes, a título de colaboración, a Defensores Públicos, Delegados Penitenciarios, miembros del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Provicial y a representantes de distintos cultos que participan en el proceso de reintegración social de las personas que cumplan condena. También, aclara el decreto, se invitará a las víctimas o familiares de víctimas de delitos a expresar su opinión al respecto.

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