El Gobierno de Córdoba se sumó a la estrategia de la Nación y anunció que todas aquellas personas que ocupen terrenos públicos o privados perderán los planes sociales que perciben de la Provincia.

El ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Juan Carlos Massei, reiteró en sintonía con el gobernador Juan Schiaretti, que las ocupaciones “son ilegales” y constituyen un “delito”.

Massei consideró “adecuada” la decisión del Gobierno nacional, aunque marcó una diferencia con la Casa Rosada. “El Gobierno de Córdoba siempre consideró un delito a las usurpaciones. Y por eso creemos que quienes ocupan tierras de manera ilegal no deben tener prioridad para recibir viviendas sociales”.

El funcionario provincial remarcó que su cartera siempre está dispuesta a atender reclamos de personas necesitadas, pero rechazó la ocupación de tierras como un método idóneo para hacerse escuchar. “En general, nuestra experiencia nos dice que las ocupaciones no son espontáneas, si no que tienen cierto grado de organización. Sobre la necesidad real de mucha gente se puede montar operaciones con otras connotaciones”, afirmó Massei.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en Córdoba existen alrededor de 500 mil beneficiarios de algunos de los tantos programas sociales que destina el Gobierno provincial.

En la Provincia, la asistencia social está vinculada fundamentalmente a ayuda alimentaria, programas de capacitación de empleo y el plan Córdoba con Ellas, que abarca a mujeres carecientes.

Antecedentes. La toma de un parque público en Villa Soldati en Capital Federal, con el trágico saldo de tres muertos, puso en el tapete esta metodología de reclamo de gente pobre.

Aunque en Córdoba hace varios meses que se vienen produciendo ocupaciones de terrenos que pertenecen a la Provincia y que ya están destinados a programas de viviendas que no se ejecutan por falta de envío de fondos por parte de la Nación.

En este sentido, desde un primer momento, el Gobierno provincial denunció a los usurpadores y solicitó a la Justicia el desalojo.

En la ciudad de Córdoba, hasta anoche había tres terrenos ocupados por familias que reclaman viviendas sociales. La protesta más importante es en un predio de barrio Mariano Fragueiro y otros en las inmediaciones de barrio Márquez Anexo.

Además de las usurpaciones concretadas, varias de las cuales ya fueron desalojadas, la Provincia decidió poner vigilancia a unos 25 predios que pertenecen al Estado provincial.

Massei afirmó que su cartera escucha a los manifestantes, pero que no les dará prioridad a quienes ejecuten este tipo de métodos para hace escuchar sus reclamos de viviendas. “Partamos de la base de que existe mucha gente de necesita viviendas, pero no podemos ceder ante la extorsión de producir una usurpación para luego entregar una unidad. No estamos de acuerdo con esta metodología y la combatimos con la ley”, indicó el funcionario.

Por otro lugar, ante el anuncio que hizo el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, en el sentido de que le quitarán los planes sociales a que aquellas personas que usurpen espacios públicos o privados en cualquier lugar del país, quedó la duda sobre si esta medida incluía la Asignación Universal por Hijos.

Desde el Gobierno provincial consideran poco “probable” que esta medida de castigar a los usurpadores incluya la asignación familiar.

El argumento es que esta asignación no se trata de un plan social convencional como son los habitacionales, ya que fue una reforma a la ley (24.714) de asignaciones familiares. Por lo tanto, esta ingreso mensual no correría riesgos.