El gasto público en asistencia social que cada año se vuelca en Córdoba es de gran dimensión, pero de una efectividad escasa o, en todo caso, poco comprobable. Es la conclusión principal de un informe que el centro de estudios Idesa elaboró para el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec), el organismo autárquico que busca establecer consensos básicos entre las distintas corrientes políticas cordobesas para definir políticas de Estado sustentables en el tiempo.

Jorge Collina, investigador de Idesa, fue el encargado de presentar el trabajo, el primero que intenta presentar un diagnóstico global de la inversión y el gasto en asistencia social que realizan en la provincia los tres niveles del Estado: Nación, Provincia y municipios.

El informe estima que, en 2010, el gasto total en asistencia social en Córdoba sumó 4.485 millones de pesos. Si ese monto se pusiera de pronto en los bolsillos de los hogares más humildes, sobraría para “eliminar” la pobreza, al disponerse, en promedio, de 1.646 pesos por mes para suplementar los ingresos de cada hogar pobre.

Collina aclaró que ese cálculo es sólo teórico por muchos motivos; entre otros, que la pobreza es un síntoma de condiciones y situaciones que exceden la cantidad de dinero mensual que puede recibir un hogar.

Aún así, el ejercicio muestra que, probablemente, con esa inversión podrían lograrse resultados más concretos. En efecto, si se toman en cuenta los cálculos de inflación de Indec, que tienden a minimizar el nivel de pobreza, en Córdoba hay 75.794 hogares bajo la línea de pobreza (datos del segundo trimestre de 2010). En ese marco, con apenas 382 millones de pesos distribuidos entre esas familias, la totalidad de los hogares cordobeses quedarían situados por encima de la línea de pobreza.

Si se consideran los datos que, en promedio, arrojan las consultoras privadas, la cantidad de hogares pobres es de 227.035. En tal caso, con 2.588 millones de pesos (algo más de la mitad de todo lo que se gastó en asistencia en 2010) también bastaría para situar el ingreso de todos los hogares por encima del nivel de pobreza.

El trabajo plantea como una causa posible de la aparente falta de efectividad del gasto en asistencia social a la gran dispersión de programas sociales que operan en Córdoba.

Según el estudio, hay 116 programas en vigencia, que fueron elaborados en distintas épocas, para atender problemas específicos y que se han ido sedimentando. Muchos tienen la misma finalidad y son ofrecidos a los mismos hogares, pero por distintos niveles del Estado o incluso por el mismo nivel, de manera superpuesta y desordenada.

Para dar un ejemplo, en el área de nutrición conviven 18 planes que suministran módulos alimentarios, servicios de desayuno, almuerzo, merienda y/o cena. Dos son financiados por Nación, seis por la Provincia, cinco por municipios; cuatro combinan financiamiento nacional y provincial y, uno, nacional y municipal. Con financiamientos igualmente dispersos en salud hay 34 programas; en hábitat, 15: en educación, 12, y, en trabajo, 32 planes.

“La gran cantidad de programas trae aparejados muchos y serios problemas (...) resulta difícil la existencia de una directriz estratégica en torno al uso de los recursos asistenciales”, sostiene el trabajo, que también considera que “la complejidad de gestionar esta gran cantidad de programas puede acarrear mayor costo administrativo y de coordinación, además de propiciar estructuras burocráticas”.

Del evento participaron representantes de Cáritas, Apadim, Red Celeste y Blanca, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Ieral, Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei, funcionarios provinciales como Marta López y Alejandra Torres, legisladores como Omar Ruiz y asesores legislativos, entre otros.

También expusieron Gabriela Galassi, de Ieral, y Pablo González, experto cordobés que trabaja en Chile.